En lo que toca a la penalización del aborto en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo lo que debía al dictaminar que ésta era anticonstitucional al violar el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.
Sin embargo, luego de su fallo histórico aún falta un largo trecho por recorrer para que las mexicanas tengan los recursos necesarios para interrumpir su embarazo si así lo desean.
Esto, debido a que ahora el balón está en la cancha de los médicos, quienes si así lo desean pueden negarse a hacerlo.
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A grandes rasgos le resumo en qué estamos al momento: al ser presentada una persona ante el ministerio público por el presunto delito de aborto todos los jueces del país deben tomar en cuenta que la Suprema Corte ya consideró que se violan los derechos de la libre elección, por lo que es improcedente mandarla a la cárcel. Sin embargo, esto no quiere decir que los marcos legales estatales aún no lo consideren un delito.
Asimismo, la Corte también acaba de reconocer por mayoría de 8 a 3 votos que los profesionales médicos pueden negarse a practicar abortos si contraviene sus principios.
Esta discusión sobre la “objeción de conciencia” está programada para seguir el próximo 20 de septiembre para tratar puntos finos, sin embargo los conflictos por venir se antojan aún difíciles de los que hemos observado.
Esta nueva etapa en el debate representa una arena en la que los matices morales, del dogma y la profesión son aún más difíciles de sortear que lo que fue la lectura pura y dura de la Constitución como la que realizó la Suprema Corte.
La bandera de “los médicos estamos para salvar vidas, no para eliminarlas” y sus derivados son una realidad en un país prioritariamente católico, donde 64 de cada 100 médicos ocupados son hombres con una edad promedio de 43 años, según datos del Inegi.
Como miles de historias han contado en los últimos años, los médicos son los primeros en perseguir, denunciar e incluso castigar a las mujeres que deciden abortar.
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Por ejemplo, en un texto reciente The New York Times relató cómo una enfermera llevó el producto abortado hasta el pie de la cama de una paciente para que ésta le pidiera perdón para luego pasearla por el área de maternidad y finalmente llevarla al juzgado para que la procesasen.
No sería extraño que en México se repitiese lo sucedido en Argentina, donde el aborto quedó recientemente legalizado pero se ha enfrentado a la negativa de médicos para realizarlo, especialmente en zonas rurales que es donde más se necesita.
Con toda la influencia que posee sobre médicos católicos, la iglesia tiene las manos metidas hasta los codos en esta discusión, tal y como muestra la reciente cobertura que le ha dado en su semanario oficial Desde la Fe en el que se pronunció por encontrar “una solución que no descarte a unos para defender la dignidad de otros”.
“No se puede fundar el ‘derecho a decidir’ de una mujer, que por cierto no tiene fundamento constitucional, en la pérdida del ‘derecho a vivir’ de una persona ya concebida y viva”, dijo en un comunicado titulado “¿Cómo podemos defender el derecho a la vida?”.
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Al encontronazo entre el dogma y la ley se suma el hecho que aún faltan por aquilatar múltiples verticales del problema que pasan por los otros poderes, Legislativo y Ejecutivo.
¿Cuándo se van a actualizar los códigos penales estatales?, ¿a dónde y con quién se canalizarán a las mujeres si es que un médico se niega a atenderles?, ¿será obligatorio para los centros médicos contar con al menos un galeno dispuesto a realizar abortos?
Ya de asignaciones presupuestales ni hablemos, pues tendría que ser el aborto asumido como una política pública de salud.
El camino aún es largo y las realidades muchas.
