La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un ambicioso Plan de Inversión en Infraestructura que se extiende hasta 2030, con una inversión estimada de 5.6 billones de pesos divididos en ocho sectores estratégicos. El sector energético, notablemente, representa el 54% de esta inversión. Sin embargo, el contexto económico que enfrenta el país plantea serios desafíos en el financiamiento, estructuración y ejecución de tantos proyectos, especialmente en un entorno caracterizado por bajo crecimiento y restricciones fiscales.
La economía mexicana concluyó 2025 con un modesto crecimiento del 0.7% anual del PIB, una cifra insuficiente para generar empleo formal y aumentar la base tributaria necesaria para financiar estos planes. La inversión fija bruta ha mostrado signos de debilidad; por ejemplo, en noviembre de 2025, se registró una caída del 5.7% respecto al año anterior. En este escenario, el déficit público se mantiene elevado y la deuda como proporción del PIB sigue en ascenso, superando el crecimiento de la capacidad productiva del país. Para 2025, la deuda pública llegó a 1 billón 366 mil millones de pesos, mientras que la inversión pública física apenas alcanzó 769.9 mil millones.
La situación exige una participación activa del sector privado para ampliar la inversión total necesaria. A pesar de que la Ley de Asociaciones Público-Privadas, promulgada en 2012, se formuló para estructurar proyectos a largo plazo, su uso ha disminuido en los últimos años. Legisladores de la bancada de Morena han comenzado a impulsar iniciativas de ley que buscan redefinir este marco jurídico. Entre ellas, la propuesta de Ley de Infraestructura para el Bienestar, que se alinea con la planificación estatal, y la iniciativa de Inversiones Mixtas para el Bienestar, que enfatiza criterios sociales y controles fiscales. Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada hasta la fecha.
Sheinbaum ha anunciado su intención de crear el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, un órgano que estará bajo su liderazgo y que incluirá a todas las dependencias que participen en los proyectos federales, con el objetivo de priorizar obras y hacer seguimiento de su avance. Este consejo pretende ser una plataforma que identifique barreras y rezagos para convertir la inversión en un instrumento efectivo de desarrollo.
La Secretaría de Hacienda también ha destacado mecanismos innovadores de financiamiento, como las Notas Pre-Capitalizadas, que permiten obtener recursos sin aumentar la deuda del Estado, además de fideicomisos adaptables. La creación de un Fondo de Fondos busca movilizar capital de riesgo y fomentar la inversión privada a través de una combinación de recursos públicos y privados.
En el sector energético, proyectos mixtos ya se están llevando a cabo, destacando un modelo contractual publicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en diciembre de 2025. Este modelo permite a la CFE asociarse con la iniciativa privada para el desarrollo de centrales eléctricas, manteniendo un control mayoritario. El objetivo es incorporar 7,500 megawatts adicionales antes de 2030, utilizando tecnologías limpias.
Sin embargo, la implementación de estos proyectos requiere establecer un marco jurídico que garantice la transparencia y la claridad en la asignación de riesgos. La viabilidad financiera de estos contratos dependerá no solo de su atractivo para los bancos, sino también de su sostenibilidad en el tiempo, especialmente en medio de una creciente deuda pública. Es crucial que los compromisos de compra de energía estén bien presupuestados y sean contabilizados rigurosamente para evitar presiones financieras futuras.
El sector energético, crucial para el ambicioso plan de inversión, presenta un reto significativo: en un contexto global donde la capitalización se evalúa continuamente, la claridad del marco regulatorio puede ser tan decisiva como la tasa de retorno ofrecida. Además, la situación financiera de Pemex, con una elevada deuda, añade una capa de vulnerabilidad fiscal que afecta la percepción internacional sobre la política energética mexicana.
De cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y la competencia global por atraer inversión extranjera directa, México necesita un marco jurídico que sea coherente y que combine la rectoría estatal con transparencia y disciplina fiscal. Se trata de encontrar un equilibrio que no cierre el espacio al capital privado, sino que establezca esquemas que generen confianza a largo plazo, permitiendo que la infraestructura se convierta en un motor de crecimiento.
La infraestructura ha demostrado ser un factor clave para activar la inversión privada, siempre que existan incentivos claros y sostenibles. En este contexto, vale la pena reflexionar sobre si mantener un control estatal del 54% en los proyectos mixtos amplía o limita la participación del sector privado, especialmente al compararlo con modelos más abiertos como los de Costa Rica o Chile.
Al final, el mensaje es claro: sin un crecimiento sostenido, no habrá finanzas públicas sólidas que puedan mantener este ambicioso plan. La expansión de la base tributaria, la reducción del déficit y la estabilización de la deuda dependen de un crecimiento económico genuino, lo cual requiere certeza jurídica, disciplina financiera y un diseño institucional que permita al capital invertir en un entorno de reglas claras y estables.
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