La situación en torno a la regulación del transporte de materiales peligrosos en México ha puesto de relieve la falta de legislación adecuada ante incidentes trágicos, como la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. A pesar de la crítica necesidad de armonizar la seguridad y el transporte, sólo han emergido tres iniciativas en el Congreso de la Unión, todas ellas sin vigencia.
La más reciente de estas propuestas fue presentada en 2023 por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT. La iniciativa proponía reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de limitar la circulación de vehículos clasificados como transporte de carga, especialmente durante fines de semana largos y a inicios y finales de periodo vacacionales. Esta propuesta contemplaba no solo una regulación en los horarios de circulación, sino también la colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Nacional, para llevar a cabo inspecciones y sanciones por incumplimiento.
Sin embargo, la propuesta incluyó excepciones significativas que permitirían la circulación de vehículos de transporte de alimentos, vehículos de asistencia para averías y cisternas de combustible. Esto hace evidente que, si se hubiera implementado, la iniciativa no habría prevenido tragedias como la del Puente de la Concordia, y finalmente fue descartada.
La historia de intentos por regular la seguridad en el transporte de materiales peligrosos no se limita a esta reciente iniciativa. En 2008, una propuesta similar proveniente del Congreso de Colima para establecer la edad mínima y requisitos para los conductores de transporte de materiales peligrosos fue desechada en 2013. Más adelante, en 2015, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal presentó una importante iniciativa en busca de establecer programas de verificación para aquellos en el sector privado que manejan, almacenan, distribuyen o transportan estos materiales. A pesar de su relevancia, esta propuesta también fue rechazada.
Este histórico de inacción legislativa plantea serias inquietudes sobre la seguridad pública y la necesidad imperante de una legislación que realmente aborde los peligros asociados con el transporte de sustancias peligrosas. Considerando la creciente preocupación social, la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades es inquietante. En un contexto donde la seguridad de los ciudadanos es la máxima prioridad, la pregunta se torna inevitable: ¿qué más es necesario para que se tomen medidas efectivas en este sentido? Esta narrativa resuena con el eco de tragedias evitables, subrayando la urgencia de una legislación que realmente proteja a la sociedad.
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