El 1 de junio de 2025 quedará marcado como un punto de inflexión en la historia del sistema judicial mexicano. En un proceso electoral que ha sido condenado por múltiples irregularidades, como el uso de “acordeones” para seleccionar candidatos en recintos emblemáticos y el alarmante acarreo de votantes bajo coacción, se perpetró una elección que puso en jaque la integridad de la justicia en el país. Con una representación electoral que apenas superó el 10% del padrón, la presidenta Sheinbaum y su entorno proclamaron un “éxito” que es, en realidad, una consolidación del poder autoritario, buscando un control sin contrapesos.
La elección de los miembros de la Suprema Corte, de los magistrados y de jueces federales, todos designados en un entorno que favorece la lealtad a Morena y al presidente López Obrador, pone en evidencia un deterioro alarmante de la independencia judicial. La modificación de la figura del amparo y la introducción de una “supremacía constitucional” que impide impugnar reformas, han socavado los derechos y libertades fundamentales que protegen a los ciudadanos.
Bajo este nuevo régimen, la capacidad de justicia se ve comprometida. Por ejemplo, si el gobierno decide implementar un control de precios sin la debida justificación y bajo presiones políticas, las empresas afectadas se verían obligadas a recurrir a jueces que pueden actuar más por temor a represalias que por imparcialidad. Esta situación podría derivar en mercados negros y una drástica caída en la inversión.
Ampliando este escenario, si el gobierno decidiera aplicar impuestos que vulneren principios constitucionales, los afectados tendrían que lidiar con jueces alineados con el poder político, quienes posiblemente apoyen decisiones inconstitucionales. Lo que podría resultar en la desconfianza y el desánimo para la inversión, afectando la estabilidad económica del país.
Otra inquietante posibilidad es la expropiación de ahorros de trabajadores bajo la administración de Afores, que sin duda provocaría un ambiente de incertidumbre. La probabilidad de que los jueces tomaran la defensa de los ciudadanos es mínima en un entorno donde la lealtad a la ideología del gobierno prime.
Con una justicia sometida a intereses particulares, la seguridad jurídica y la salud económica del país se verían seriamente amenazadas. La falta de un sistema judicial independiente podría generar un panorama donde los derechos de los ciudadanos son constantemente vulnerados, resultando en un debilitamiento del desarrollo económico y un aumento en la polarización social.
La reforma judicial en curso es un signo preocupante de un sistema en crisis. A medida que los ciudadanos comienzan a experimentar sus repercusiones, se hace evidente que la estructura del poder judicial podría no solo desdibujar líneas claras de justicia, sino que pone en peligro las bases mismas de la cohesión social y el desarrollo sostenible.
Esta crítica situación es un eco de las consecuencias de un proceso electoral que ha dejado a los mexicanos en una posición vulnerable, con la libertad personal y la economía en un hilo, y un camino incierto hacia el futuro. En el contexto actual, los ciudadanos deben estar alerta ante estos cambios drásticos que podrían definir el rumbo de su nación.
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