El agua potable canadiense no es para todos

Canadá, con la calidad de vida más alta en América, tiene siempre a los miembros de los pueblos indígenas en el fondo de sus indicadores. En fechas recientes, el tema del acceso al agua potable ha acaparado gran parte del debate, generando vergüenza y decepción. Los canadienses poseen las terceras mayores reservas de agua dulce del orbe, mientras que representan el 0,5% de la población mundial. En este escenario, el líquido vital distaría de ser un problema. Aunque los pocos que lo reciben con agentes peligrosos han sido los mismos durante demasiados años. No todas las comunidades indígenas conviven con esta calamidad, pero las cifras inquietan.

Justin Trudeau se comprometió en la campaña electoral de 2015 a poner fin a las dificultades de acceso al agua segura en estas poblaciones. Tras ganar en las urnas, señaló que todo quedaría solucionado a más tardar el 31 de marzo de 2021. El pasado 25 de febrero, Karen Hogan, verificadora General de Canadá, entregó un informe al Parlamento. “Ottawa no ha estado a la altura”, comentó Hogan ese día, señalando que el ministerio de Servicios Indígenas no había brindado “un apoyo adecuado” a varias comunidades en este asunto. El Gobierno de Trudeau, informó Hogan, no alcanzaría su objetivo. En 2015 había 160 avisos para hervir el agua en reservas indígenas (avisos en vigor, como mínimo, durante un año). Según el informe, 60 continuaban activos –al menos hasta noviembre– en 41 reservas; 47% de los mismos datan de hace más de una década. Hogan dijo que, pese a que la pandemia ralentizó los proyectos, muchos ya acusaban retrasos considerables.

Nicole Hancock administra el Equipo de Agua Potable Segura, un colectivo canadiense integrado por operadores de plantas de tratamientos indígenas y asesores científicos. Hancock comenta: “A menudo, las comunidades reciben el sistema de tratamiento que tiene el coste más bajo y no necesariamente el que tratará de forma suficiente su fuente de agua de mala calidad. Los contratistas presentan muchas veces la oferta más barata”. Las comunidades afectadas están ubicadas sobre todo en las provincias de Ontario, Manitoba y Saskatchewan. Los indígenas que conviven con este problema deben, como pide el Gobierno federal, hervir el agua. No obstante, es frecuente que algunas familias desconfíen y adquieran agua embotellada (al menos para beberla y preparar alimentos). Aunque no todas pueden permitirse este gasto.

Los indígenas que conviven con este problema deben, como el Gobierno federal pide, hervir el agua. Algunas familias desconfían y adquieren agua embotellada, pero no todas pueden permitírselo

Shirley Thompson, profesora en el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de Manitoba, subraya la fragilidad de los sistemas de agua en las comunidades indígenas canadienses. “El 98% no cuenta con plan de respuesta de emergencia, el 95% carece de plan de mantenimiento y el 74% no tiene un operador de respaldo certificado. En una situación como la pandemia de covid-19, esto crea graves riesgos respecto a la transmisión comunitaria”, señala.

Thompson menciona que, en términos de calidad del agua, diversos trabajos han mostrado que la contaminación de cisternas es la principal dificultad. “Al igual que los tanques, son caldo de cultivo para la H. Pylori y otras bacterias y parásitos transmitidos por el agua. La hepatitis ha sido un problema recurrente en varias reservas. También esto contribuyó en altas tasas de H1N1”, afirma. “Las cisternas se contaminan fácilmente por el suelo, las aguas subterráneas y los roedores. Se requiere de una limpieza regular, pero muchas de las reservas carecen de presupuestos adecuados para ello”, agrega.

Thompson sostiene que estos sanitarios deberían ser una medida temporal hasta que pueda instalarse una red de tuberías, pero es común que se perpetúen para ahorrar en fondos de infraestructura. “Los costes elevados en salud son absorbidos al final por los grupos autóctonos. La Oficina del Presupuesto Parlamentario calculó en 2018 que se requieren unos 3.200 millones de dólares [2.140 millones de euros] para que los sistemas de agua en las reservas estén al mismo nivel que en el resto de poblaciones canadienses. Es una inversión necesaria”, apunta.

Karen Hogan incluyó en su informe varias recomendaciones. Por ejemplo, revisar la fórmula de financiamiento para las infraestructuras y crear una reglamentación sobre la calidad del agua en las reservas. También recordó que la Ley de acceso al agua potable de las Primeras Naciones fue adoptada en 2013. Marc Miller, ministro de Servicios Indígenas, aceptó las recomendaciones y apuntó: “Estamos convencidos de que hemos emprendido el camino correcto y que levantaremos de manera efectiva las advertencias a largo plazo”. Miller ya había entonado un primer mea culpa en diciembre, respecto a que la meta fijada sería inalcanzable y había anunciado una inversión adicional de 1.500 millones de dólares canadienses (unos 1.000 millones de euros).