El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el presunto pago de una comisión por las obras del AVE a la Meca construido por un consorcio de empresas españolas, ha solicitado un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Arabia Saudí en la “donación” de 100 millones de dólares (65 millones de euros) en 2008 desde el Ministerio de Finanzas de ese país a una cuenta en Ginebra de Juan Carlos I.
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El instituto, organismo autónomo de la Confederación Suiza adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía, es un prestigioso centro de consulta jurídica y derecho extranjero internacional con sede en Lausana (Suiza) al que acuden jueces y fiscales en ese país para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales que investigan. Según el fiscal, las empresas adjudicatarias españolas otorgaron una rebaja del treinta por ciento en su oferta.
El fiscal jefe de Ginebra quiere saber como contempla la ley saudí los delitos de soborno y si el Ministerio de Finanzas de ese país tenía derecho a emitir la transferencia de 100 millones de dólares que hizo, el 8 de agosto de 2008, a la cuenta de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud & Cie. También, quiere aclarar de qué manera ese ministerio debería justificar esa donación. El primer beneficiario de la cuenta suiza era el entonces Jefe del Estado español.
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Los abogados de Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta suiza del rey emérito, de Dante Canónica, el director de la fundación Lucum, y de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, todos ellos investigados en Suiza por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, han solicitado, también, informes similares a distintos organismos especializados en la legislación de Arabia Saudí, según señalan fuentes de la investigación. Sus defensas sostienen que el pago de los 100 millones se trató de una donación del rey Abdalá Bin Abdelaziz, ya fallecido, a Juan Carlos I.
En una de las últimas vistas judiciales celebradas por Bertossa con los investigados, el fiscal les manifestó que estudiaba el envío de una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a Arabia Saudí para preguntar por los detalles del pago de estos 100 millones de dólares, según asegura una fuente conocedora del proceso. Hasta ahora no hay constancia de que el fiscal haya dado ese paso. Los países árabes no responden a esta clase de peticiones de los jueces europeos, según señalan fuentes judiciales suizas y españolas. Sobre la posibilidad de indagar en la donación saudí, estas fuentes le auguran un corto recorrido.
