Un juez del Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha dictado la puesta en libertad de Carles Puigdemont después de tomarle declaración y tras ser detenido, este jueves, al llegar a la isla de Cerdeña. Se espera que el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española, salga del centro penitenciario donde estaba recluido pero seguramente tendrá que estar en territorio sardo algunos días, a la espera de que la justicia decida sobre la validez de la euroorden que pesa sobre él. Según fuentes de la defensa de el también eurodiputado, el juez no ha impuesto medidas cautelares (la Fiscalía italiana tampoco las ha pedido) y solo se ha limitado a preguntar al exlíder catalán si pensaba permanecer en la isla. Este viernes el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha enviado un oficio al representante español en Eurojust para que haga llegar a las autoridades judiciales italianas la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 dictada contra Puigdemont por sedición y malversación.
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Puigdemont se encontraba detenido desde la noche del jueves, cuando al llegar al aeropuerto de Alguer le esperaba ya un operativo de la policía italiana. Las autoridades detectaron que seguía vigente la orden europea de captura cuando quiso entrar en Italia para participar en el Festival Internacional de Cultura Popular Catalana. Su arresto ha provocado un terremoto político también en Italia. Ninguno de los ministerios consultados —Justicia, Interior y Defensa (del que depende el cuerpo de los Carabinieri)— tenía aviso de la llegada del político huido de la justicia española.
La detención cogió por sorpresa al Ejecutivo de Mario Draghi. El primero en hablar este viernes por la mañana ha sido el secretario de Estado responsable de Asuntos Europeos del Gobierno italiano, Vincenzo Amendola. De algún modo, justificó la detención. “Esperamos respetuosamente las valoraciones de la magistratura sobre el arresto de Carles Puigdemont. Es un caso que viene de lejos con la retirada de la inmunidad de parte del Parlamento [Europeo], con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 30 de julio que la suspendía junto a otros actos consiguientes”, ha señalado. “Esperamos escuchar las motivaciones del tribunal local”. Para Amendola “no es un tema político, ni bilateral”. La situación comienza a preocupar en el Palacio Chigi ―sede del Gobierno italiano―, donde no hay ninguna intención de que se convierta en un asunto diplomático.
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El Ministerio de Justicia, consultado por este periódico, ha explicado que Italia trata de aclarar si Puigdemont tenía o no inmunidad en el momento de su detención. “Uno de los puntos que deben resolverse es el contenido de la ordenanza a través de la cual el 30 de julio de 2021 el vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha rechazado la petición de suspensión de la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder independentista”, señalan fuentes ministeriales. “Dicho tribunal resolvió que no había motivo de retención que pudiesen esgrimir las autoridades belgas o de otro Estado miembro para pedir el mandato de arresto europeo contra los diputados para entregarlos a la autoridad española”.
Una idea que comparte el abogado italiano de Carles Puigdemont, Agostinangelo Marras, antes de conocerse la puesta en libertad de su cliente y que trabajaba ya para conseguirla “lo antes posible”. “La audiencia de esta tarde [por la tarde de este viernes] servirá para decidir si debe estar en prisión o puede permanecer en un domicilio”, explica a este periódico el letrado sardo de Puigdemont. En caso de que la detención se considere realizada correctamente, el mismo tribunal, presidido por Salvatore Marinaro, deberá decidir sobre la posible entrega. Pero ese proceso podría dilatarse hasta 60 días. “Si fallase a favor, todavía nos quedaría el recurso al Tribunal Supremo”, apunta Marras. Nadie se explica todavía en Italia el motivo por el que la orden de arresto no se activó cuando Puigdemont entró en París la semana pasada.
Antes de producirse la puesta en libertad de Puigdemont, la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, había pedido al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, que impulse “todas las gestiones necesarias” para la liberación del detenido.
Recuperar la inmunidad
La defensa del expresidente de la Generalitat tiene previsto entregar este viernes al Tribunal General de la UE un escrito de medidas cautelarísimas. El objetivo es que la justicia europea recupere la inmunidad provisional que este órgano le había retirado a Puigdemont el 30 de julio, una decisión que el órgano tomó tras confirmar con la justicia española que las órdenes de detención estaban suspendidas y que por tanto no había riesgo de ser detenido, informa Guillermo Abril.
El propio auto de julio del tribunal europeo reconocía la posibilidad de solicitar de nuevo estas medidas provisionales “en caso de detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de aplicación de un procedimiento de entrega a las autoridades españolas”. Así lo han explicado en una comparecencia telemática desde Bruselas Gonzalo Boye, el abogado que lidera el equipo jurídico del político catalán, y el también eurodiputado Toni Comín, residente en Bélgica y huido de la justicia española, como el propio Puigdemont.
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Boye ha explicado que esperan que la respuesta del tribunal con sede en Luxemburgo se produzca en las siguientes 72 horas, aunque no existe un plazo establecido. El letrado ha explicado que Puigdemont se encuentra detenido, y espera que pase a disposición judicial entre este mismo viernes y el lunes (el plazo máximo en este caso es de 72 horas).
