Un juez de Collado-Villalba (Madrid) ha acordado enviar a juicio a Miguel Ángel Frontera, investigado por acosar durante meses en su domicilio a Pablo Iglesias e Irene Montero, exvicepresidente del Gobierno y actual ministra de Igualdad respectivamente. El magistrado instructor, Javier Carreño, ha tomado esta decisión tras recibir la petición de la Fiscalía y de la pareja, que le atribuyen hasta cuatro delitos: injurias graves, acoso, revelación de secretos y coacciones continuadas. El acusado se enfrenta a una solicitud de tres años de cárcel del ministerio público y una multa de 13.800 euros. Iglesias y Montero piden, por su parte, que se le imponga una pena de un año y seis meses de prisión y una multa de 9.000 euros.
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El magistrado mantiene, además, la orden de alejamiento que pesa contra Frontera desde diciembre del pasado año, cuando le prohibió acercarse a menos de 500 metros a las presuntas víctimas. Entonces, el instructor detalló que, entre mayo y diciembre de 2020, el supuesto acosador se presentó de “manera frecuente en la puerta del domicilio” de Iglesias y Montero, donde “profirió improperios”, exhibió “carteles con frases injuriosas”, y publicó vídeos y mensajes en las redes sociales con manifestaciones de “contenido similar”. Algunas de estas concentraciones se produjeron cuando estaba vigente el estado de alarma para evitar la expansión del coronavirus, según recalcó el juez, que también destacó cómo el imputado grabó con su móvil al entonces vicepresidente y exlíder de Podemos en el interior de la casa.
Según subrayó el magistrado Carreño, estos actos “no estarían amparados por el derecho de reunión o manifestación, ni por la libertad de expresión, pues, en principio, nada tiene que ver con el ejercicio de tales derechos la realización de la grabación del interior de una vivienda, asumiendo que se pueden captar imágenes de los moradores que afectan a su intimidad”. Además, en el auto de apertura de juicio oral, fechado este jueves, el juez impone a Frontera el pago de una fianza 52.266,67 euros para “cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran” acordarse en una futura sentencia. Además de la pena de cárcel y la multa, Iglesias y Montero también han solicitado que se le imponga el abono de una indemnización de 10.000 euros a cada uno de ellos “por daños morales”.
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La pareja de políticos denunció el pasado año que sufrió durante meses un acoso diario en su domicilio de Galapagar (Madrid), donde viven con sus tres hijos. De hecho, se han abierto varios procedimientos ante esta situación. Un juzgado de Madrid condenó el pasado febrero a un hombre a siete meses de prisión por golpear a un guardia civil que le había pedido que saliera del perímetro de seguridad desplegado en torno a la casa en una protesta. Otro juzgado condenó a pagar una multa a dos mujeres por un delito de desobediencia a la autoridad por negarse a salir de ese mismo perímetro. Y, en otra causa, la Fiscalía pidió un año de cárcel para un periodista de la web Okdiario por el supuesto acoso y hostigamiento a los hijos de la pareja, al personarse en varias ocasiones en casa de la cuidadora de los niños.
