Al menos 33 personas que compraron una sustancia química con la cual quitarse la vida han muerto en Países Bajos. Hasta 700 han podido adquirir el mismo producto por medio de Alex S., de 28 años, un joven de Eindhoven que se ponía en contacto con los interesados por internet. Con esta actividad ilegal pudo haber ganado hasta 55.000 euros en un caso cuyas dimensiones han sorprendido a la Fiscalía, que ordenó en julio el arresto del sospechoso creyendo que había seis fallecidos en total.
Acusado de violar la Ley del Medicamento y de blanqueo de dinero, Alex S. compareció este miércoles ante los jueces en la sesión preliminar del juicio en su contra. La Ley holandesa de Eutanasia permite tanto la administración de forma directa de fármacos por parte de un médico, como que el paciente los reciba para causar su propia muerte en un suicidio asistido. En todos los demás casos, este tipo de ayuda es un delito.
La causa, seguida en la ciudad de Den Bosch, la sustancia se llama middel X (producto X), que no es su nombre comercial y tampoco su principio activo. En sí mismo no es ilegal. Lo punible, hasta con tres años de cárcel, es la venta o bien facilitarlo gratis si el receptor tiene la intención de usarlo para morir. Alex S. mantuvo este comercio desde 2018, y los fiscales han comprobado que 15 personas fallecieron al ingerirlo.
Sin embargo, las investigaciones indican que la cifra completa de muertos entre sus clientes es de 33, entre 41 y 82 años. “Cabe asimismo la posibilidad de que hasta 700 personas lo hayan obtenido en violación de la Ley del Medicamento. Él lo suministraba sin hacer preguntas y decía que llevaba varios años con esta labor y era infalible”, añade la Fiscalía. Junto con middel X ofrecía un antiemético, fármaco indicado para las náuseas y los vómitos. Para ponerse en contacto con los interesados, usaba los servicios de mensajería Telegram y ProtonMail.
Las pesquisas dieron comienzo tras la muerte de una mujer en mayo de este año. En su domicilio se encontraron restos de un polvo sospechoso y una serie de datos sobre Alex S. Este, aquejado de obesidad mórbida y con un trastorno del espectro autista, aseveró durante la misma audiencia que todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su cuerpo: “No pertenecemos a nadie y podemos determinar nuestro destino; lo único que quería es ofrecer la posibilidad de una ayuda, como yo querría que me la dieran”. La acusación subraya que no es juzgado por sus ideas, “que no son punibles, sino por la venta del producto en cuestión”. Por su parte, el abogado defensor advierte de que “está por ver si los fallecimientos pueden atribuirse a lo que vendió” su cliente.
Los fiscales sostienen que era miembro de la denominada Cooperativa Último Deseo. Es un grupo que aboga por la “autodeterminación en la muerte”, y está a favor de ayudar a la gente a poner fin a su vida con un fármaco adecuado, “de obtención legal”. La cooperativa ha detenido sus actividades y no hace comentarios sobre sus supuestos miembros en nombre de la privacidad. En 2017 aseguró haber encontrado “unos polvos que permiten morir de forma humana” y estableció varios requisitos para su obtención. Según los medios holandeses, con un coste de 180 euros, había que hacerse socio, firmar un documento donde el comprador declaraba estar en posesión de sus facultades mentales, y comprometerse a no interponer demandas. Un año después contaba ya con unos 20.000 afiliados. Tres de sus miembros han sido detenidos y están siendo investigados, aunque solo uno —una mujer de 72 años— sigue arrestada.
En septiembre, el ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, explicó al Congreso que hay un acuerdo en vigor con la Asociación de la Industria Química para controlar la venta a particulares. De todos modos, considera que “prohibir algo como middel X puede tener el efecto contrario dándole publicidad”. También cree que es difícil “hacer una lista de todos los componentes que puedan utilizarse para un suicidio”.
Al tiempo de este caso, el psicólogo holandés Wim van Dijk ha declarado al rotativo De Volkskrant que ha proporcionado middel X “a más de un centenar de personas”. Dice que lo obtuvo a través de Alex S., y admite que ha desvelado su labor “porque la desobediencia cívica es una forma legal de lograr un objetivo legítimo”, “como ocurre con el aborto”. “No me importa si me arrestan porque quiero que pase algo de una vez”, añade. La policía ya le ha interrogado. El letrado de Alex S. no se ha pronunciado por ahora sobre estas declaraciones. En cuanto al joven, en prisión preventiva desde julio, aguardará en libertad la apertura formal del juicio en un domicilio protegido.
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