El inicio del año judicial acerca tanto al Gobierno como al PP a importantes pronunciamientos de los tribunales. El otoño caliente en el ámbito de la justicia coincide con la crisis institucional que supone la existencia de un Consejo General del Poder Judicial con un mandato caducado desde hace más de dos años y medio, y sin perspectivas de acuerdo, pese a los contundentes llamamientos que se vienen realizando para que se pacte su renovación.
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En parte, la relevancia de los fallos que se irán conociendo en los próximos meses ayuda a identificar las razones de fondo del pulso que mantiene el Gobierno con el principal partido de la oposición. En el Tribunal Supremo, no se trata tanto de las mayorías existentes en cada una de sus cinco Salas como de la política de nombramientos, una competencia clave del Consejo del Poder Judicial. Ahora es la Sala de lo Contencioso la que suscita un especial interés.
Los dos principales asuntos que explican el foco puesto sobre esta Sala son los recursos contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, tras haber sido ministra de Justicia, y las impugnaciones contra los indultos de los líderes del procés. Ha habido alguna escaramuza, pero no una auténtica batalla en los prolegómenos de estos asuntos. El primer debate fue si el caso de la fiscal del Estado se llevaba o no a pleno. Pidieron que así se hiciera nueve magistrados, pero hubiera hecho falta que lo solicitara una mayoría de los actuales 27 miembros de la Sala.
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El asunto se verá en la Sección Cuarta, compuesta por seis magistrados, a los que se sumará el presidente de la Sala, César Tolosa. En el Supremo se dice que se actuará así para evitar riesgos de empate. Lo más probable es que se desestimen los recursos del PP y Vox, porque Delgado cumple los requisitos objetivos para acceder al cargo. Las valoraciones sobre su idoneidad que han hecho los citados partidos pertenecen, más que al ámbito jurídico, al del debate político.
El caso de los indultos del procés, a su vez, tardará muchos meses en resolverse. Son varias las impugnaciones presentadas y el plazo para recurrir termina a finales de ese mes. No se espera que haya resolución alguna hasta el segundo trimestre de 2022. En medios del Supremo se consideran remotas las posibilidades de que los recursos prosperen, porque para ello sería preciso que se estimaran insuficientemente motivados, y el Gobierno se encargó de forma preventiva de tramitar unos expedientes detallados.
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Mucho más margen parece haber para que sea en el Constitucional donde el Gobierno pueda recibir varapalos en los próximos meses. En primer lugar, con la sentencia sobre el segundo estado de alarma. El presidente del Tribunal, Juan José González Rivas explicó ayer que ese recurso plantea problemas distintos, pero en medios del Constitucional se vaticina un fallo alineado con el anterior. Aquella primera sentencia supuso declarar inconstitucional el confinamiento con el paraguas legal del estado de alarma. Ahora se va a discutir mucho sobre la falta de control parlamentario en la segunda fase de la crisis sanitaria.
También habrá mucho debate sobre las fórmulas alternativas de juramento empleadas por diputados independentistas y de otras minorías del Congreso y del Senado. Aquí el problema será si se entiende que los añadidos al juramento suponen que quienes los pronunciaron no adquirieron la condición de parlamentarios. Todo ello podría llegar a poner en tela de juicio las mayorías existentes. En el Tribunal de Cuentas, a su vez, la decisión pendiente con mayor trascendencia política es la aceptación o no de los avales propuestos por la Generalitat en el expediente por sus gastos en la promoción exterior del procés.
Para el PP, a su vez, el horizonte judicial aparece especialmente complejo en la Audiencia Nacional. Faltan la sentencia sobre Los papeles de Bárcenas, en relación con la denominada caja B de dicho partido y la reforma de su sede en la calle Génova. De las piezas separadas de Gürtel se espera un pronunciamiento sobre la supuesta responsabilidad del PP en las acciones de dicha trama a título lucrativo.
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Por otra parte, en octubre próximo el excomisario Villarejo será juzgado por tres piezas de la operación Tándem, y volverán a aparecer las descripciones del modus operandi de la mafia policial que actuó durante años en España.
Con este panorama, si cabe más encrespado que en años anteriores, se explica que tanto el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, como la fiscal general, Dolores Delgado, hicieran ayer un llamamiento a evitar que se trate a la justicia como un espacio político susceptible de control. En RNE, el presidente del Constitucional González Rivas, pidió a su vez a ambas partes implicadas en la renovación del Consejo del Poder JUdicial que abandonen las “veleidades individualizadas” para no anteponer sus intereses particulares a la necesidad de un pacto.
La realidad, con todo, es que existen unas mayorías conservadoras tanto en el propio Consejo, como en el Tribunal de Cuentas y en el Constitucional, instituciones en las que se da una situación de interinidad. En las dos primeras, por haber cumplido ya su mandato; y en el Constitucional, por haberlo hecho cuatro de sus doce magistrados, entre ellos su presidente y su vicepresidenta.
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