La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves iniciar el expediente para expulsar de la carrera judicial al magistrado Salvador Alba, tras haber sido condenado por sentencia firme a seis años de prisión y a 18 de inhabilitación por sus actuaciones ilícitas contra la juez ahora en excedencia Victoria Rosell, quien en la actualidad es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba fue condenado por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y falsedad en documento público
Todo en relación con sus maquinaciones para perjudicar a Rosell, a la que estaba sustituyendo en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. La sentencia del Supremo –que rechazó el recurso de casación de Alba– supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
El artículo 379.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, “por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso”, por lo que la Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba, que se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él. La condena inicial fue dictada el 10 de septiembre de 2019 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmada el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el pasado 30 de diciembre remitió copia testimoniada de su resolución al CGPJ.
Los hechos descritos en la sentencia
Reflejan que Alba contactó con un empresario investigado por el juzgado, Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, con el fin de que le proporcionara documentación comprometedora contra la juez Rosell, a la que sustituía a petición propia. “A cambio” –afirmaba el fallo del Supremo– “Salvador Alba se comprometía a una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera la continuación del procedimiento, e incluso a pronunciarse sobre el fondo del asunto, decisión que podía resultar favorable a los intereses del señor Ramírez, impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”.
Salvador Alba, a su vez, lograba por este procedimiento “información lesiva para la imagen pública de Victoria Rosell, así como para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria (entonces ministro de Industria y líder del PP en Canarias) en el procedimiento penal promovido por este contra la entonces diputada señora Rosell, querella pendiente de admisión a trámite en el Tribunal Supremo”. Esta querella fue archivada posteriormente por la Sala Penal.
El Consejo del Poder Judicial
Notificará ahora el acuerdo sobre el inicio del expediente de expulsión de Alba al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.
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