El Gobierno de Boris Johnson ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que reconocerá que los animales son seres con sentimientos. La Animal Sentience Bill (Ley de la Capacidad Animal de Sentimiento, podría traducirse) establece la creación de una Comisión de Sintiencia Animal, para revisar que todos los departamentos del Gobierno procuren que sus medidas y políticas futuras no tengan “un efecto adverso sobre el bienestar de los animales como seres sintientes”.
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“Somos una nación de amantes de los animales, y el primer país del mundo que aprobó en su día leyes para proteger su bienestar”, dijo el ministro británico de Medio Ambiente, George Eustice. El Gobierno del Reino Unido ha justificado el nuevo plan de medidas de defensa de los derechos animales en las “nuevas libertades” conseguidas después del Brexit, que permitirán al Gobierno tener una política medioambiental autónoma. El paquete de leyes y disposiciones propuesto contempla el trato y protección de animales domésticos y salvajes, su comercio internacional y una regulación especial para la industria ganadera.
Una reciente división policial se especializará en luchar contra el robo de mascotas, un fenómeno que ha registrado un especial incremento en todo el Reino Unido a lo largo de la pandemia. La demanda de compañía ha disparado los precios de perros y gatos. Se impondrá además la obligación de que los felinos porten un microchip que identifique a su propietario. La obligación ya existe para los perros desde 2010. Se prohibirán los collares de entrenamiento que someten al animal a pequeñas descargas eléctricas. “Nuestras mascotas no solo tiene sentimientos, sino que son miembros muy queridos en todas las familias, y respaldamos todas aquellas medidas que les protejan de un sufrimiento innecesario”, ha dicho Peter Laurie, director ejecutivo de la asociación Battersea Dogs & Cats Home, una de las organizaciones británicas más relevantes en la defensa de los derechos animales.
Las recientes leyes reducirán al mínimo el tráfico internacional de seres vivos, y prohibirán prácticas contra las que muchas organizaciones han combatido mediante décadas con sus campañas. Se declarará ilegal la posesión de todo tipo de primates como animal de compañía o la caza de liebre con perros. Ya no se podrán utilizar las trampas diseñadas para que el animal quede pegados a ellas, y se declarará ilegal la exportación o importación de trofeos de caza. Nuevas disposiciones vetarán de modo definitivo el tráfico de marfil o de aleta de tiburón. Especialmente llamativo es el anuncio del Gobierno de Johnson de que se estudiará la prohibición futura de importación del foie gras, que se obtiene a partir de la inflamación provocada en el hígado de la oca con un exceso de alimentación.
En el sector de las granjas, el Gobierno británico promete acabar con la exportación de animales vivos para su engorde y sacrificio, introducir nuevas medidas que mejoren el bienestar del ganado durante su transporte, y dotar a la policía de nuevas capacidades que permitan la inspección de cuadras, establos, jaulas y mataderos. Dispondrá incluso de control sobre posibles perros peligrosos para el ganado. “Respetar el bienestar animal no solo supone hacer lo correcto, sino que puede tener un papel clave en el desafío medioambiental al que nos enfrentamos, como es el cambio climático, así como a retos como la resistencia a los antibióticos o la prevención de nuevas pandemias”, ha dicho Claire Bass, directora ejecutiva de Humane Society International UK.
España prepara su propia legislación
La preocupación por el bienestar animal progresa por todo el mundo y España no es una excepción: sin embargo la legislación va retrasada con respecto a otros países europeos, la reforma está en marcha, informa Esther Sánchez. El 20 de abril comenzó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de modificación del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento civil, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, para que los animales dejen de ser considerados objetos y sean reconocidos jurídicamente como seres vivos dotados de sensibilidad. Ya se intentó en 2017, en esa ocasión a instancias del PP, pero el adelanto electoral truncó la aprobación, que contaba con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Algo que no ocurre ahora, con Vox como nota discordante.
Con la actual legislación, los animales se equiparan a un coche o a cualquier otra propiedad que puede ser embargada o hipotecada sin tener en cuenta su bienestar o su protección. También se determinan los criterios para que los tribunales puedan decidir a quién se entrega la custodia de las mascotas “atendiendo a su bienestar” en separaciones o divorcios, si las partes no alcanzan un acuerdo. El Gobierno ha comenzado además a tramitar el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que permita establecer un marco común en todo el territorio. En la actualidad, cada comunidad autónoma cuenta con su propia legislación al respecto.
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