El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene su propósito de no negociar la renovación del Tribunal Constitucional en la reunión del pleno ordinario del órgano de gobierno de los jueces, convocada para este jueves. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, dará cuenta del informe que ha elaborado el gabinete técnico del Consejo para preparar su eventual sustitución, en el caso de que finalmente dimita. El grupo conservador considera que se trata de un dictamen innecesario y que para nada prejuzga cómo deba organizarse la sucesión de Lesmes, si renuncia a su cargo ante la falta de acuerdos para renovar el Consejo. Ese bloque centrará sus intervenciones en estas críticas, y no tiene la menor intención de ofrecer nombre alguno como posible candidato a ser designado magistrado del Constitucional, con lo que no existe a priori la menor posibilidad de que las negociaciones avancen y el Poder Judicial cumpla en este pleno el mandato legal de nombrar a dos miembros del tribunal de garantías.
El objetivo del bloque conservador es tratar de sacar el mayor rédito posible a la visita que iniciará el próximo jueves a España el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. De hecho, dicho grupo se reunió de urgencia el pasado lunes para analizar las perspectivas de los encuentros que mantendrá Reynders, cuando no tenían previsto volver a mantener contactos hasta mañana, con el fin de preparar el pleno del Poder Judicial. El sector conservador cree que Reynders puede efectuar algún tipo de advertencia a las autoridades sobre la grave situación de la justicia, denunciada por el propio Lesmes en el acto de apertura del año judicial.
Para el bloque conservador la renovación del Constitucional es solo un capítulo más de sus reivindicaciones, entre las que incluyen que se nombre también en el tribunal de garantías al sustituto del magistrado Alfredo Montoya, quien dimitió el pasado julio por razones de salud. El nombramiento de su sucesor corresponde al Senado, lo que hace necesario el acuerdo con el PSOE, que no se prestará a ello hasta que los conservadores permitan a su vez que se renueve el Consejo del Poder Judicial.
Los vocales rebeldes persiguen asimismo que si llegara a haber acuerdo sobre la renovación del órgano del Consejo, fueran sus veinte nuevos miembros quienes eligieran a su presidente, sin indicación alguna de PP y PSOE, partidos a los que corresponde negociar la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces. El propósito de dichos vocales, en suma, es dificultar, si no impedir, que el Gobierno logre su objetivo de renovar el Constitucional si en paralelo no se producen concesiones como las descritas, es decir, la designación en el Senado de un magistrado conservador que sustituya al dimitido Alfredo Montoya, y la garantía de que los nuevos vocales del Poder Judicial no estarán condicionados en la elección del presidente del Poder Judicial.
Mientras no se obtengan estas garantías, es poco probable que se produzca el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponde nombrar al Consejo, salvo que su presidente, Carlos Lesmes, consiga romper el bloque conservador y atraer a alguno de sus vocales. Lesmes lleva tiempo con gestiones periódicas para convencer a miembros del bloque conservador para que colaboren en la designación de los dos candidatos al tribunal de garantías que puedan obtener un mínimo de 12 de los 19 que integran actualmente el pleno.
No es imposible que el presidente del Consejo logre sus propósitos, pero el grupo conservador está de hecho en guerra abierta en su contra por la estrategia que ha seguido desde el acto de apertura del año judicial. En ese acto Lesmes anunció su voluntad de dimitir si llega a la conclusión de que la falta de avances en la negociación sobre el propio Consejo del Poder Judicial significa que no va a haber acuerdo alguno al respecto entre el Gobierno y el PP, y que la legislatura va a terminar sin que el órgano de gobierno de los jueces haya sido renovado. Los vocales rebeldes consideran que esta estrategia solo está agravando la situación y que el presidente del Consejo la ha utilizado para tratar de forzar unos acuerdos que no pueden avanzar por una vía de presión, como a su juicio ha sido la de un anuncio de dimisión que no iba a favorecer solución alguna para el pulso que sostienen con el Ejecutivo.
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En este sentido, los vocales rebeldes cuestionan no solo que se elaborase el informe del Consejo sobre la eventual sustitución de Lesmes, si dimite, sino también que luego ese dictamen se llevara a la Sala de Gobierno del Supremo para que esta efectuara una declaración en sintonía con el dictamen. El sector conservador considera que dicha Sala de Gobierno no debe actuar al margen de las directrices del propio Consejo, cuyo pleno no se ha pronunciado sobre este asunto. Al respecto, fuentes del mencionado bloque citan el artículo 104.2 de la ley orgánica del Poder Judicial, que establece que las salas de gobierno de los tribunales, y entre ellas la del Supremo, deben ejercer las funciones que tienen atribuidas “con subordinación” al Consejo del Poder Judicial, lo que en rigor no habría sucedido a su juicio en este caso.
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