México enfila la recta final de la campaña de las elecciones del 6 de junio con un horizonte político marcado por el choque del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el poder judicial y las autoridades electorales y el intento del presidente de sentar las bases para fortalecer su proyecto en la segunda mitad del sexenio. Las encuestas arrojan unos pronósticos generalmente favorables para Morena, aunque el partido oficial se enfrenta a una probable pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, según una encuesta elaborada por SIMO Consulting, y va camino de fracasar en Nuevo León, una de sus principales apuestas. La caída en el Congreso se debe, en esencia, al diseño de los comicios legislativos y a la nueva forma de reparto de los escaños entre las fuerzas que concurren en coalición, pero la formación debe lidiar también con el desgaste y el peso de la gestión del mandatario.
El cuerpo a cuerpo que más críticas y preocupaciones ha despertado es el que enfrenta al Gobierno y el estamento judicial. El mandatario anunció hace meses una reforma de la justicia que, de momento, se ha traducido en la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, un magistrado progresista que goza de su confianza, y en una campaña de descrédito contra los jueces. La primera decisión, tramitada por Morena en el Congreso, está rodeada de dudas sobre su constitucionalidad. La segunda maniobra ya es parte del proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.
Los ciudadanos están llamados a las urnas en la movilización electoral más grande de la historia del país para renovar la Cámara baja, las gubernaturas de casi la mitad de los Estados y unos 20.000 cargos locales. La campaña ha girado en torno a la figura de López Obrador como eje polarizador de todas las discusiones y el hecho de que la oposición -de las alianzas entre PRI, PAN y PRD a Movimiento Ciudadano- carezca de liderazgos fuertes a escala nacional contribuye a desdibujar su presencia. El presidente tiene una ventaja estructural. Esto es, una exposición constante, desde el púlpito cotidiano de las conferencias de prensa matutinas, que utiliza para librar sus batallas contra sus adversarios e incluso las instituciones federales que, en su opinión, se interponen en su camino.
El argumentario oficialista es sencillo. López Obrador apelado a una supuesta lucha contra la corrupción para presionar o cargar abiertamente contra el Poder Judicial cuando sus resoluciones no le convienen. Con ese fin justifica su intromisión en la separación de poderes, al igual que ha ocurrido con el INE o el Tribunal Electoral. El mandatario ha llegado a señalar con nombre y apellidos algunos magistrados, como Juan Pablo Gómez Fierro, que suspendió la reforma eléctrica y la ley de hidrocarburos. “Yo soy muy respetuoso del equilibrio entre los poderes, de la autonomía y la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma en el Poder Judicial”, manifestó.
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