Eliminar OPLE incrementaría costos electorales.

Titulares de 17 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) presentaron su defensa ante la Cámara de Diputados respecto a su papel fundamental en la organización de elecciones, advirtiendo los peligros que conllevaría una posible centralización de sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE). En un foro titulado “El fortalecimiento democrático y el Desarrollo de Procesos Electorales desde la Responsabilidad Local”, los presidentes y presidentas de estos institutos enfatizaron la importancia de analizar cuidadosamente una reforma electoral que podría amenazar su existencia.

Patricia Avendaño Gómez, presidenta electoral de la Ciudad de México, señaló que la discusión en torno a los OPLE debe basarse en hechos, no en la percepción de duplicidad de funciones o problemas presupuestales. Resaltó que desde 2014, los institutos locales han organizado un impresionante número de elecciones, que incluyen 64 gubernaturas y 120 legislaturas, además de gestionar más de 71,000 cargos de elección popular. Esto pone de manifiesto su capacidad para manejar situaciones complejas que una autoridad central, argumentó, no podría resolver con la misma eficacia.

La presidenta del Consejo Electoral de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, apoyó este argumento, afirmando que la diversidad de los institutos electorales responde a la pluralidad del país y que su trabajo debe ser valorizado en lugar de ser visto como redundante. Con un énfasis en sus logros, mencionó que en el último año se registraron más de 170,000 candidaturas y se imprimieron 228 millones de boletas para elecciones locales.

Blanca Yassahara Cruz García, del OPLE de Puebla, subrayó la precariedad bajo la cual han operado los institutos desde la reforma de 2014, enfrentándose a limitaciones de presupuesto y funciones ambivalentes. Este escenario ha generado un cuestionamiento sobre si potenciar los OPLE con mayores recursos y atribuciones es una mejor solución que centralizar el proceso electoral. La perspectiva de crear un organismo electoral más grande, según ella, podría resultar en ineficiencia y debilidad organizacional.

Yanko Durán Prieto, desde el OPLE de Chihuahua, también defendió la necesidad de preservar la autonomía e independencia de estos organismos, argumentando que su éxito es vital para la salud del sistema electoral en México. Luz Fabiola Matildes Gama, del Instituto Electoral de Guerrero, advirtió que eliminar los OPLE significaría un retroceso en la representación de diversas comunidades, como las indígenas y afromexicanas.

Mientras tanto, Beatriz Adriana Camacho Carrasco, presidenta del OPLE en Nuevo León, destacó un incremento en la violencia hacia candidatos y partidos, subrayando la urgencia de una educación cívica que favorezca la transparencia y la participación pública. Asimismo, Teresa de Jesús Alfonso Medina, del OPLE de Chiapas, hizo hincapié en que cualquier reforma debe buscar especificaciones claras y no caer en una tendencia centralista.

Guadalupe Flores Meza, presidenta del OPLE de Baja California, cerró los argumentos enfatizando que el debilitamiento de estas instituciones podría comprometer la legitimidad de las elecciones en el país.

Finalmente, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, aseguró que la próxima reforma, prevista para ser discutida en febrero del año siguiente, estará orientada a fortalecer un marco normativo federalista. Hizo un llamado a los legisladores para que tomen decisiones informadas y responsables en este proceso crucial.

La situación exige atención y reflexión, especialmente en un contexto donde las elecciones son fundamentales para la democracia del país.

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