La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que acerque a juicio a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción relacionados con la contratación pública durante la pandemia de COVID-191, 2, 3.
El Ministerio Público también pide el procesamiento de Koldo García, exasesor ministerial, y del empresario Víctor de Aldama, así como de otros investigados vinculados a la adjudicación de contratos de mascarillas y a operaciones de blanqueo de capitales1, 2, 3.
Qué implica la petición de Anticorrupción
La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción representa el paso previo para que Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez sean enviadas a juicio por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo1, 3. El fiscal pide que se sigan los trámites para un eventual juicio también respecto a Koldo García y Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo por el caso mascarillas1.
Anticorrupción centra sus acusaciones en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de Jéssica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, atribuyéndoles delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública1, 2.

Detalles sobre las acusaciones y los contratos
Según la Fiscalía, Isabel Pardo de Vera habría utilizado su posición para facilitar la contratación de Jéssica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en Ineco y posteriormente en Tragsatec, sin que mediara entrevista o desempeño laboral efectivo2, 3. El informe sostiene que Rodríguez recibió hasta 43.000 euros sin acudir a su puesto de trabajo, y que ella misma reconoció no haber realizado tarea alguna durante el periodo de contratación2, 3.
El Ministerio Público también señala a Koldo García por favorecer la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y de pruebas PCR a Eurofins Megalab en Canarias y Baleares, a cambio de pagos mensuales de 10.000 euros por parte de Aldama2. Además, se le imputa un delito de blanqueo de capitales por operaciones realizadas junto a su hermano Joseba y su entonces pareja Patricia Uriz, mediante ingresos en efectivo, transferencias y adquisiciones inmobiliarias2.
A quiénes afecta y quiénes quedan fuera del proceso
Además de Pardo de Vera, Rodríguez, García y Aldama, la Fiscalía pide continuar el procedimiento contra otros miembros de la supuesta organización, como Rubén Villalba (comandante de la Guardia Civil), Joseba García (hermano de Koldo), Patricia Uriz (expareja de García), y varios empresarios relacionados con la trama1, 2.
Por otro lado, Anticorrupción solicita el archivo de la causa para diversos excargos del Ministerio de Transportes y de Adif, así como para personas vinculadas a los principales acusados, al considerar que no existen indicios suficientes de delito o que los hechos no son perseguibles1. Entre ellos figuran Michaux Miranda (ex alto cargo de Adif), Piedad Losada (exsecretaria de Aldama) y Alberto Escolano (firmante de un contrato de arrendamiento para Rodríguez)1.
El dinero y las operaciones bajo investigación
La investigación se centra en el destino de los fondos obtenidos a través de contratos públicos durante la pandemia, en particular los adjudicados a Soluciones de Gestión por parte del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares1, 2, 3.
El Tribunal Supremo ya había juzgado parcialmente el caso mascarillas, condenando al exministro Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo García a 19 años y a Víctor de Aldama a cuatro años, aunque este último evitó la cárcel por colaborar con la justicia1. Ahora, la Fiscalía se centra en las operaciones de blanqueo y en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez1, 2, 3.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Europa Press.






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