FMI impulsa medidas de austeridad severas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha intensificado su presión sobre los países deudores, exigiendo recortes de austeridad más drásticos que en años anteriores, según un informe de Oxfam. Esta tendencia ha suscitado preocupaciones entre organizaciones benéficas y activistas, quienes advierten sobre las posibles repercusiones negativas de estas políticas en el bienestar social, especialmente entre las comunidades de bajos ingresos.

En el período comprendido entre 2018 y 2025, el FMI solicitó a casi la mitad de los países (25 de 54) que redujeran su gasto público en más de un 2% del PIB, en el marco de sus programas. Esta cifra contrasta notablemente con el dato entre 2012 y 2017, cuando solo un tercio (12 de 42) debía implementar recortes de esta magnitud. Oxfam señala que, además de implementar recortes severos, el FMI ha debilitado las protecciones del gasto social en sus programas de préstamos. Esto resulta alarmante, ya que, según Oxfam, los países de bajos ingresos destinan, en promedio, solo el 0.8% de su PIB a protección social, y el gasto en educación se mantiene por debajo del 4% del PIB.

Julie Kozack, portavoz del FMI, defendió la postura del organismo al afirmar que todos sus programas incluyen “límites mínimos de gasto social” destinados a proteger a los grupos más vulnerables. Sin embargo, el enfoque del FMI ha sido criticado, particularmente debido a la posibilidad de un regreso al ajuste estructural de los años 80. Oxfam teme que el FMI exija a los gobiernos implementar recortes severos en el gasto público al inicio de sus programas, en lugar de hacerlo gradualmente. Nabil Abdo, asesor principal de políticas internacionales de Oxfam, enfatizó esta preocupación al comparar la austeridad temprana con la ingestión de veneno, advirtiendo que sus efectos son dañinos, incluso en dosis pequeñas.

Oxfam ha instado al Directorio Ejecutivo del FMI a rechazar cualquier intento de retornar a un ajuste estructural bajo el pretexto de un “ajuste fiscal anticipado”. Además, se requiere que sus programas no profundicen la desigualdad económica, un desafío que, según Oxfam, podría intensificarse si se incorpora el “ajuste fiscal inicial” como un requisito estándar en futuros programas.

La situación representa un dilema complejo para los países deudores, que se enfrentan a la premura de balancear la necesidad de apoyo económico con las condiciones impuestas por el FMI. El llamado a una reconsideración de estas políticas es más urgente que nunca, en un contexto global donde las inequidades económicas son cada vez más evidentes y las comunidades más vulnerables se ven afectadas de manera desproporcionada.

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