La reforma del Código de Derecho Canónico anunciada ayer por el Vaticano constituye un importante paso adelante del papa Francisco en la lucha contra la pederastia, los abusos sexuales y el extendido encubrimiento de estos delitos en el interior de la Iglesia católica.
La modificación, que culmina un proceso de revisión iniciado durante el papado de Benedicto XVI, tiene tres características fundamentales: describe con una perspectiva actual —y amplía en algunos casos— los delitos, eleva las penas y reduce el margen de autonomía de obispos y superiores de los victimarios en un intento claro de castigar el encubrimiento activo o la pasividad a la hora de investigar los hechos. Esta clase de acción o negligencia por parte de la jerarquía eclesiástica ha sido una característica reiterada en multitud de casos de abuso aflorados a la luz. La modificación incluye, además, un artículo que define la pederastia como “un delito contra la dignidad humana” que puede derivar en la expulsión del estado clerical. Se trata de medidas necesarias y bienvenidas.
La reforma, que entrará en vigor el próximo 8 de diciembre, introduce otras importantes novedades, entre ellas, que las sanciones no serán aplicables únicamente a clérigos, sino a laicos que tengan algún tipo de responsabilidad en organizaciones de la Iglesia católica. Es una medida acertada, especialmente a la vista del crecimiento de los movimientos laicos en el interior de la Iglesia católica en los últimos decenios. Cabe remarcar positivamente también la inclusión de los abusos sexuales contra personas mayores de edad en situaciones de vulnerabilidad —uno de los mayores escándalos revelados ha sido el abuso continuado del excardenal Theodore McCarrick contra seminaristas—.
La gravedad y la extensión de esta clase de comportamientos criminales han afectado notablemente la credibilidad de la institución, y en ese sentido es positivo que dé pasos decididos para sobreponerse. La Iglesia va muy por detrás de la sociedad en este ámbito. Debe enmendarse y recuperar terreno con máxima velocidad, para evitar nuevos casos —afortunadamente menos probables que en el pasado, más por la concienciación colectiva que por la propia acción de la Iglesia hasta ahora— y depurar responsabilidades del pasado, reparar a las víctimas, reconocer el brutal daño infligido.
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