El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar medidas contundentes en relación con un inmueble que ha sido el centro de un prolongado proceso por presuntas actividades de contrabando y piratería. Este predio, ubicado en Izazaga 89, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, ha sido clausurado en cinco ocasiones, lo que ha llevado al gobierno federal a considerar la extinción de dominio como un mecanismo para afrontar esta situación.
En una reciente entrevista, Ebrard enfatizó que, aunque el lugar opera con normalidad en la actualidad, las autoridades están compilando información vital para llevar el caso a buen término. “Hemos estado integrando toda la información para que esto tenga éxito”, afirmó, reconociendo los diversos intereses en juego y la complejidad del procedimiento. Este enfoque no es nuevo; el impacto del contrabando y la piratería va más allá de simples infracciones legales, afectando directamente la inversión en el país. Como destacó Ebrard, “lo que hacen es destruir la inversión internacional o extranjera”.
El secretario hizo hincapié en que las acciones propuestas buscan ser un fuerte disuasorio ante actividades ilícitas que han persistido. “Ya no es de volver a clausurar”, comentó, señalando que la reincidencia de estos actos ilícitos implica que quienes los cometen deben enfrentar consecuencias serias. La extinción de dominio, según Ebrard, podría convertirse en un instrumento clave para identificar a los responsables y desmantelar las redes operativas detrás de estas prácticas.
El contexto de esta situación es alarmante; el contrabando y la piratería no solo suponen un desafío legal, sino que también generan competencia desleal al permitir la venta de productos sin el correspondiente pago de impuestos. Esto puede desviar capitales hacia mercados más seguros y competitivos, creando un efecto nocivo en la economía local.
Ebrard también mencionó que el futuro del inmueble en Izazaga 89 está en discusión y que se anticipan decisiones en el corto plazo. Al respecto, declaró que “definitivamente” debe haber un costo para quienes violan la ley. El procedimiento está siendo revisado por múltiples instancias, incluidas autoridades fiscales y de inspección, y se espera que la resolución llegue pronto, aunque sujeta a decisiones aún pendientes en la Secretaría.
Con un claro compromiso de combatir estas prácticas, el gobierno federal busca generar un impacto positivo en la inversión y la competitividad del país. La atención está, sin duda, enfocada en este caso emblemático que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el contrabando y la piratería en México.
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