Un fiscal ha solicitado este martes al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue al primer ministro de Haití, Ariel Henry, como imputado en el caso del asesinato del presidente, Jovenel Moise. En una carta dirigida al juez Garry Orélien, encargado de la instrucción del caso, el fiscal Bel-Ford Claude sustenta su petición en el hecho de que el primer ministro habló por teléfono dos veces con uno de los sospechosos de haber ordenado el magnicidio, el exfuncionario Joseph Felix Badio, horas después del asesinato.
Haití
En otra carta remitida a la Dirección de Inmigración y Emigración, el fiscal ha solicitado que se impida salir del país a Ariel Henry ‘por presunciones graves de asesinato’ del presidente Moise, cometido el pasado 7 de julio. El caso del magnicidio está en estos momentos en manos del juez Orélien, quien es la única autoridad competente para llamar a declarar a testigos o imputados o para decidir quién es sospechoso por el asesinato. La semana pasada, el mismo fiscal envió una ‘invitación’ a Henry a comparecer este martes para ser interrogado sobre las llamadas telefónicas, una citación que fue descalificada públicamente por el propio Henry.
Las autoridades haitianas han informado de que 44 personas se encuentran en prisión preventiva por el asesinato, entre ellas 18 colombianos acusados de formar parte del comando que asesinó a Moise. Además de 12 policías que integraban el cuerpo de seguridad del mandatario, que no reaccionó ante el ataque.
Henry denunció el sábado ‘maniobras de distracción’ en la investigación del asesinato del presidente Moise, tras ser invitado a comparecer ante la justicia. “Las maniobras de distracción para crear confusión y evitar que la justicia haga su trabajo con calma no pasarán”, dijo Henry. “Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y los patrocinadores del atroz asesinato del presidente Jovenel Moise serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por su crimen”, agregó.
El viernes por la noche, Bed-Ford Claude, comisionado del gobierno de Puerto Príncipe -equivalente al fiscal- invitó a Henry a comparecer ante la fiscalía el martes. El funcionario sostuvo que, unas horas después del asesinato de Moise, Henry mantuvo conversaciones telefónicas con una de las personas activamente buscadas en el contexto de la investigación.
Félix Badio, exdirectivo de la unidad anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, habría sido geolocalizado en el distrito donde se encuentra la residencia privada de Moise durante las llamadas realizadas a Ariel Henry a las 04H03 y luego a las 04H20. Como un juez ya estaba a cargo de la investigación, el fiscal no tiene potestad para invitar o citar a nadie pero justifica su planteamiento evocando la “extrema gravedad” de este expediente “para la nación”.
Legalmente, un primer ministro puede ser escuchado por un juez solo si el presidente de la república lo autoriza. En su carta, Bed-Ford Claude le especificó a Henry que su presentación ante la fiscalía era voluntaria, “teniendo en cuenta las restricciones debidas a su condición de alto funcionario público”.
La oficina haitiana para la protección del ciudadano se declaró “indignada y atónita” por la revelación de estas llamadas telefónicas. “Ariel Henry debe dimitir inmediatamente y ponerse a disposición de la justicia”, dijo el sábado en una carta Renan Hedouville, que encabeza esa institución pública.
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Las principales fuerzas políticas de Haití acordaron el sábado darse un año más de plazo para redactar una nueva Constitución y para organizar las elecciones de las que saldrá el sucesor al presidente Jovenel Moise. El acuerdo fue firmado por el primer ministro, Ariel Henry, y los principales partidos de la oposición y prevé la celebración de elecciones como máximo a finales de 2022 y la asunción de las nuevas autoridades a comienzos de 2023, un año después del plazo anteriormente previsto. En este período transitorio, el poder lo ejercerá un Gobierno de unidad encabezado por Henry, que será “esencialmente no partidista” y cuyos miembros serán nombrados en un plazo de ocho días.
En una ceremonia en su residencia oficial, el primer ministro describió el acuerdo como ‘ambicioso y prometedor’ y aseguró que supone una “ruptura” con el pasado. “Estoy seguro de que este acuerdo permitirá conducir, en armonía y buen entendimiento. Los asuntos del Estado durante el periodo provisional, que deseo que sea lo más corto posible”, dijo Henry ante los firmantes. El objetivo común, subrayó Henry, es “un regreso al funcionamiento normal” de las instituciones democráticas “con nuevas bases, en un ambiente seguro y estable”.
