Más de una década lleva España reformando su sistema de pensiones sin que las medidas para endurecer el acceso a prestaciones más generosas hayan provocado una contestación social de la dimensión de la vivida ayer en Francia.
El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2011 un cambio legal para alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y amplió el periodo de cómputo para calcular la pensión con el objetivo de cerrar el déficit público que empezó a registrar el sistema en aquel año y afrontar el impacto de la generación del baby boom. Lo hizo de la mano de los sindicatos en un gran pacto social, lo que permitió que la reforma no inflamara a la sociedad. En aquella época, la austeridad empezaba a hacer mella en la economía española hasta llevarla a un estado de convulsión. Había superado lo peor de la Gran Recesión desencadenada por la crisis de las hipotecas subprime que llevó a la quiebra a Lehman Brothers y se dirigía a la crisis de deuda soberana con el ataque de los mercados a los países del sur. En ese contexto, la reforma de Zapatero apenas encontró rechazo en la calle.
Dos años más tarde, en 2013, el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy endureció aún más el acceso a las pensiones. Limitó las revalorizaciones e introdujo un rígido corsé, el factor de sostenibilidad, que prácticamente congelaba las prestaciones en los siguientes años. Lo hizo sin acuerdo con los sindicatos, que rechazaron la reforma con contundencia. Pero el malestar tampoco llegó a la calle. Los sindicatos sufrían el desgaste tras el fracaso de las dos huelgas generales que habían convocado el año anterior para protestar contra la reforma laboral de Rajoy. Las centrales arrastraban una crisis interna por el escándalo de los ERE y apenas consiguieron movilizar a una sociedad con más de seis millones de personas desempleadas (la tasa de paro superó el 26% en aquella época). La contestación social llegaría cinco años más tarde. En 2018, los pensionistas convocaron grandes movilizaciones contra la subida del 0,25% que proponía el Gobierno de Rajoy para ese año. Las protestas consiguieron que el PP suspendiera parte de su reforma.
El siguiente paso para la reforma de las pensiones se produjo en 2020 a través del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El informe de recomendaciones, aprobado por los grandes partidos, encontró un amplio apoyo parlamentario. Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado las recomendaciones para vincular la revalorización de las pensiones a la inflación, ha desmontado las medidas más duras de la reforma de Rajoy y, aunque ha aprobado cambios legales para acercar la edad real de jubilación a la legal, aún tiene pendiente aprobar las medidas más polémicas que permitan enjugar el déficit del sistema.
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