La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado serias deficiencias en la gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ámbito de Prevención y Reinserción Social (PRS), un organismo bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta evaluación forma parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, un ejercicio integral diseñado para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En su auditoría de cumplimiento a TIC (folio 2024-5-36D00-20-0277-2025), la ASF revisó una muestra de contratos por un total de 290.5 millones de pesos, auditando el 52.6% de esta suma considerable. Entre los hallazgos más relevantes, se subrayó la urgente necesidad de optimizar la gestión centralizada de los inventarios en los servicios relacionados con comunicaciones, el control de acceso, las cámaras de circuito cerrado y las radiocomunicaciones. Además, se hizo hincapié en la importancia de robustecer los mecanismos de control sobre incidentes y garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados.
En el ámbito de la ciberseguridad, se observó que el PRS requiere un fortalecimiento en sus funciones de identificación, protección, respuesta y recuperación de información. La evaluación de 18 dominios indicó que el 66.7% de estos se encuentran en un nivel aceptable, mientras que el 27.8% necesita una mejora en sus controles, y un preocupante 5.5% carece totalmente de ellos. A su vez, se identificaron 2.25 millones de pesos que permanecen sin aclarar, lo que llevó a la ASF a emitir nueve recomendaciones, dos promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones.
En una auditoría financiera posterior (folio 2024-5-36D00-19-0278-2025), la ASF también revisó una muestra representativa de 6,453 millones de pesos, equivalente al 27.9% del gasto ejercido por el PRS en 2024, que totalizó 23,433 millones de pesos. Aunque la auditoría reveló que la mayoría de los recursos se registraron y ejercieron conforme a la normativa, se hallaron pagos irregulares a personal. Específicamente, se detectaron pagos a 61 exservidores públicos después de su fecha de baja, por un monto total de 328,100 pesos, además de erogaciones por 614,200 pesos a 12 empleados que no cumplían con los requisitos del puesto.
Este panorama no solo revela la fragilidad en la gestión de las TIC y el control financiero del PRS, sino que también pone de manifiesto la necesidad imperiosa de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público. Las recomendaciones de la ASF son un llamado a la acción para corregir estas irregularidades y asegurar que los recursos destinados a la prevención y reinserción social se utilicen de forma efectiva y responsable.
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