Durante el primer trimestre de 2026, el gasto en seguridad, justicia y fuerzas policiales en México mostró un leve repunte, aunque su participación en el presupuesto federal continuó disminuyendo, según el análisis “Erario al Momento”. Este informe revela que el rubro de Estado de derecho, que abarca aspectos cruciales como seguridad nacional, procuración de justicia y las policías civiles, alcanzó los 73,600 millones de pesos. Esto representa un incremento real del 1.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
A pesar de este modesto aumento, el gasto en seguridad ha visto una reducción significativa en su peso dentro del total del presupuesto, bajando a tan solo un 3%. Este es el segundo nivel más bajo desde 2012, lo que plantea preguntas sobre las prioridades presupuestarias del gobierno en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública.
El informe desglosa que, aunque el avance del gasto en seguridad fue del 20.8% respecto al programa anual, se ubica por debajo del 30% del mismo periodo de 2025. En cuanto a la repartición de los recursos, los servicios personales, que incluyen salarios de fuerzas de seguridad y personal judicial, concentran la mayor porción del presupuesto, sumando 47,200 millones de pesos. En contraste, la inversión en infraestructura apenas alcanzó los 4,300 millones de pesos.
Además, el reporte destaca incrementos en el gasto de ciertas dependencias vinculadas a la seguridad. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional experimentó un alza del 26% en términos reales, mientras que la Secretaría de Gobernación vio un crecimiento del 17.7%. Esto sugiere que, aunque el gasto global en seguridad esté en declive, ciertas áreas están recibiendo más atención y recursos.
En comparación con otros componentes del presupuesto, el gasto en protección social alcanzó cifras notables, totalizando 639,000 millones de pesos, lo que equivale al 26.3% del gasto total. Por su parte, el costo financiero de la deuda alcanzó los 305,400 millones de pesos, representando el 12.6%. Juntos, estos rubros absorben casi cuatro de cada diez pesos del gasto público, marcando el mayor nivel en más de dos décadas.
El panorama presupuestario se presenta en un contexto de ingresos públicos reducidos, especialmente debido a la caída en los ingresos por petróleo. Esta situación ha llevado al gobierno a moderar el ritmo del gasto y a priorizar obligaciones que considera ineludibles. Este ajuste se refleja en que el gasto ejercido fue un 9.4% inferior al monto programado, el mayor rezago en el ejercicio presupuestal desde 2011.
Con el horizonte económico actual, es fundamental observar cómo esta dinámica afectará la atención a la seguridad y la justicia en el país, en un momento crítico para la estabilidad y el bienestar de la sociedad mexicana.
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