En julio pasado, se registró una inflación anual de 3.5%, el nivel más bajo desde 2020. Aunque este dato puede parecer positivo, la realidad para millones de mexicanos es muy diferente: lo que realmente importa es el costo de vivir y alimentarse.
El 11 de agosto, el Inegi presentó su nuevo Indicador sobre Líneas de Pobreza (LP) correspondiente a julio de 2025. Hasta marzo, estas mediciones eran responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que fue disuelto en julio con la justificación de “evitar duplicidades” y “optimizar recursos”. El Inegi asumió el cálculo mensual, siguiendo la misma metodología, pero sin evaluar políticas públicas.
El LP se utiliza para determinar si los ingresos de una persona son suficientes para cubrir una canasta básica que incluye alimentos y otros gastos esenciales como vivienda, transporte, educación y salud. La Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) considera únicamente la canasta alimentaria, mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) incluye ambos componentes. En julio, la LPEI fue de 1,856.91 pesos en zonas rurales y 2,453.34 en áreas urbanas, con incrementos del 2.9% y 4.3%, respectivamente. La LPI alcanzó 3,396.71 pesos en el campo y 4,718.55 en la ciudad, con aumentos del 3.1% y 3.6%. Esta última cifra revela que vivir en la ciudad resulta ser 1,322 pesos más costoso al mes que en el medio rural para mantener un nivel de vida básico.
El análisis de la canasta urbana muestra que los precios de las comidas fuera de casa aumentaron un 7.8%, contribuyendo significativamente a la inflación. Pero el aumento también se ha sentido en los alimentos preparados en casa; por ejemplo, el precio del bistec de res incrementó un 18% y el de la leche pasteurizada un 8.3%. En el campo, la carne molida de res se posiciona como el producto con mayor incidencia en el aumento de costos, seguido también por las comidas fuera del hogar.
Para las familias mexicanas, esta situación se traduce en que un porcentaje creciente de su presupuesto se destina a necesidades básicas, como alimentación, transporte, vivienda y educación, dejando cada vez menos espacio para ahorros o atención médica.
Aunque los programas sociales implementados por gobiernos federal y estatales ofrecen cierto alivio, su efectividad es limitada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH) del Inegi, los hogares más pobres obtienen, en promedio, un 17.3% de sus ingresos a través de este tipo de apoyos; en el segundo decil, este porcentaje es del 9.4%, mientras que en el grupo más rico apenas alcanza el 0.8%. Las transferencias que reciben los hogares más desfavorecidos representan del 42% al 44% de sus ingresos. Sin embargo, a pesar de que el 82% de las familias se beneficia de algún tipo de apoyo social, este recurso no compensa el incremento sostenido en el costo de la canasta básica.
Cerca del 36% de la población vive en condiciones de pobreza y es altamente vulnerable a cualquier aumento en los precios de alimentos y servicios, dada su escasa capacidad de gasto. Aunque muchos reciben algún tipo de apoyo social, estos fondos solo logran cubrir una fracción del incremento en el costo de vida.
La recuperación de la pobreza requiere un aumento en la calidad y cantidad del empleo formal, además de una ampliación en los apoyos sociales. Desgraciadamente, las actuales condiciones políticas y económicas, tanto a nivel nacional como internacional, limitan las posibilidades de que esto suceda en el corto plazo.
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