En el seminario “Ciencia Abierta e información pública con sentido social: desarrollo, inclusión y justicia”, convocado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Universidad Autónoma Metropolitana, se plantea un desafío fundamental: la importancia de los datos que genera el Inegi en el contexto de la economía y la política de México.
La afirmación inicial es contundente: todos los datos producidos por esta institución son, en esencia, económicos y políticos. No se habla exclusivamente de cifras de inflación o crecimiento, sino de un amplio espectro que abarca demografía, seguridad, salud y educación. Cada uno de estos elementos tiene repercusiones directas en la economía real: la inseguridad afecta la inversión, la pobreza limita el consumo, y la corrupción desincentiva el crecimiento empresarial. Así, los datos del Inegi no son meramente números; son herramientas que alimentan la formulación de políticas públicas y, a su vez, son utilizados por todos los actores del panorama político para argumentar o justificar decisiones.
Sin embargo, existe una paradoja: el Inegi no fue diseñado para hacer política, sino para medir. Su posibilidad de generar información precisa es vital para que cualquier persona, entidad o gobierno decida de manera informada. La veracidad de estos datos es crucial no solo para el día a día, sino para el futuro del país. Con una expectativa de bajo crecimiento y la necesidad de atraer inversiones, el estado actual de la economía mexicana puede tener consecuencias graves, pues se enfrenta a un riesgo inminente: perder el grado de inversión otorgado por las agencias calificadoras. Esta situación no solo impactaría indicadores económicos, sino que podría marcar el destino de generaciones.
La capacidad del Inegi para proveer datos exactos es fundamental para que el país mantenga su credibilidad. Si la percepción de los datos cambia, los efectos serán devastadores: un costo más alto del endeudamiento, una depreciación del tipo de cambio y la disminución de la inversión, lo que resulta en menos empleos y oportunidades. Es, por tanto, imprescindible que esta institución conserve su autoridad técnica, pues su funcionamiento interno es la base para cualquier proyección económica y social.
La historia de Argentina sirve como advertencia: cuando la credibilidad de sus datos se erosionó, el país sufrió graves consecuencias, de las que aún no se ha recuperado. En México, hay dos instituciones que no deben perder la independencia técnica: el Inegi y el Banco de México. A pesar de no estar en las portadas ni ser objeto de encuestas, su papel es crucial para que el país pueda ser evaluado y creíble en el plano internacional.
La solidez técnica y la reputación del Inegi son logros que han llevado años de trabajo. Cualquier dato que produzca puede ser cuestionado, pero la trascendencia de su función radica en la consistencia de la información a lo largo del tiempo. La confianza en una institución de medición no se construye con un solo dato; se edifica con años de evidencia irrefutable.
Este enfoque no es solo un tema de estadísticas; es una cuestión de país. En la búsqueda de un desarrollo sostenible y justo, el fortalecimiento del Inegi es una prioridad. Los datos que genera son más que cifras: son la base para entender la realidad nacional y diseñar un futuro viable para todos los mexicanos. En este sentido, la autogestión y la precisión en sus mediciones son esenciales para garantizar un camino hacia un México que cumpla con las expectativas de bienestar y progreso social.
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