¿Menos eficacia, menor ilegalidad?

En la economía mexicana, el exceso de efectivo circulante se ha convertido en un tema de preocupación. Según datos recientes, el saldo de billetes y monedas en circulación alcanzó 3.5 billones de pesos al 14 de septiembre de 2026, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 6.82% nominal y casi del 3% en términos reales. Esto se traduce en un saldo per cápita de 34,650 pesos para cada adulto mayor de 15 años en el país, lo que pone de relieve el fenómeno del dinero ilícito que circula, en gran parte, vinculado al lavado de dinero y la corrupción.

Ante esta situación, la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de limitar el uso de efectivo en ciertos sectores estratégicos ha generado debate. Si bien la idea parece lógica: disminuir la disponibilidad de efectivo podría dificultar las actividades ilícitas, la realidad es mucho más compleja. Las restricciones actuales ya contemplan la limitación en el uso de efectivo para transacciones de alto valor como bienes raíces y vehículos, pero la efectividad de estas medidas es cuestionable.

Disminuir el efectivo podría, en teoría, incrementar la trazabilidad de las transacciones, facilitando la identificación de operaciones sospechosas. Sin embargo, no se debe confundir la reducción del efectivo con la eliminación de delitos. La reducción del uso de billetes no garantiza la disminución del lavado de dinero ni de la evasión fiscal. Los grupos criminales son cada vez más ingeniosos y pueden recurrir a otros métodos, como transferencias entre cuentas, empresas fantasma, criptomonedas y mecanismos informales de compensación.

El problema central radica en la capacidad de las autoridades para rastrear el dinero, más que en su forma de pago. Si las redes financieras clandestinas permanecen intactas, se estará cambiando el medio de transacción, pero no la actividad delictiva en sí. Por lo tanto, es incorrecto suponer que limitar el uso del efectivo resultará automáticamente en una caída de la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal. La raíz de estos problemas no radica únicamente en la circulación de billetes, sino en la combinación de factores que permiten que el delito prospere.

En este sentido, una estrategia efectiva para reducir el uso de efectivo debería ser evaluada no por la cantidad de dinero que deja de circular, sino por el volumen de dinero de origen ilegal que se logra identificar, congelar y decomisar. La debilidad institucional en el país representa un obstáculo significativo en este proceso de detección y acción.

En conclusión, la lucha contra la ilegalidad requiere una estrategia multifacética que incluya no solo la reducción del dinero en efectivo, sino también un fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir estos delitos. Solo así se podrá enfrentar eficazmente el fenómeno del dinero ilícito y sus consecuencias en la economía mexicana.

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