La tramitación parlamentaria del decreto para la regularización de los empleados públicos temporales, con un acuerdo in extremis del PSOE con Unidas Podemos y ERC que evitó una derrota en el Congreso, modifica algunos de los puntos que el Gobierno había pactado con los sindicatos. Cambios sobre los que las centrales no sabían nada, según diversas fuentes sindicales consultadas. Estas.
Tanto CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, como UGT y CC OO coinciden en que hay que esperar a la tramitación del decreto como proyecto de ley, el procedimiento que los socios parlamentarios del PSOE exigieron para modificarlo, para ver cómo queda el texto definitivo. Algo a lo que los sindicatos estarán muy atentos porque cualquier desliz jurídico en la redacción podría hacer descarrilar el proceso.
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El primero de los cambios pactados en el Parlamento es el límite temporal para arrancar el procedimiento. El decreto refrendado este miércoles señala que las Administraciones Públicas deberán aprobar las plazas, el primer paso para la posterior convocatoria del proceso selectivo, antes del 31 de diciembre de este año. Pero esa fecha desaparecerá en la futura norma porque, según recoge el acuerdo, se fijará un plazo máximo de cuatro meses a partir de su entrada en vigor. A priori no es un contratiempo grande. Puesto que el procedimiento en el Congreso se acomete por la vía de urgencia, el propio acuerdo fija que el trámite empezará en septiembre y la nueva ley debe estar lista a mediados de octubre. De cumplirse ese plazo, las Administraciones ganarían mes y medio de margen y tendrían hasta mitad de febrero para aprobar las plazas.
La regularización, según los cálculos que hizo el Gobierno en su día, afectará a unos 310.000 trabajadores temporales del sector público. La mayoría son interinos, aunque también puede haber personal laboral con contrato temporal. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, el pasado enero España contaba con más de 622.000 interinos. El motivo de que el Ejecutivo rebaje la cifra de afectados a prácticamente la mitad se debe, según fuentes de CSIF, a la “letra pequeña” del decreto. Este no afecta a todas las plazas temporales, sino a aquellas que injustificadamente llevan más de 3 años sin convocatoria de oposición. Y también contempla otras excepciones.
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En CC OO avisan de la dificultad de realizar este tipo de estimaciones, ya que finalmente son las Administraciones las que tendrán que ver puesto por puesto cuáles entran en los requisitos. En eso consiste precisamente la primera fase del proceso, la de aprobación de las plazas. Y el grueso de interinos, siempre según los datos de Hacienda, se concentra en las comunidades autónomas, que suman más de 530.000 ya que gestionan la sanidad y la educación, las dos grandes fuentes de empleo público.
En el sindicato dirigido por Unai Sordo consideran, no obstante, que las cifras del Gobierno se quedan cortas y elevan la afectación a entre 450.000 y 530.000 empleados públicos. Este es el resultado de calcular, sobre el total de interinos que hay, el porcentaje de temporalidad al que España se ha comprometido. Según los planes remitidos a Bruselas, en diciembre 2024, cuando culmine la regularización, el sector público no podrá tener más de un 8% de temporales. Hoy ninguna comunidad autónoma tiene un porcentaje por debajo del 14%.
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La modificación de plazos iniciales no es la única que trae el acuerdo parlamentario con respecto a lo que el Ejecutivo había pactado con los sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones. ERC y Unidas Podemos exigieron dos cambios: que en los concursos-oposición la fase de examen no sea necesariamente eliminatoria y que los funcionarios con más de 10 años en un puesto sin convocatoria de plaza no tengan que pasar por la oposición. Ambas medidas han dejado un sabor de boca desigual en los sindicatos: la primera gusta; la segunda genera dudas sobre su encaje legal. En una entrevista con la Cadena Ser, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este jueves que algunas de las medidas anunciadas ahora las habían barajado los sindicatos y el Ejecutivo las rechazó “alegando inconstitucionalidad”.