En la vida diaria firmamos contratos sin darnos cuenta: al rentar un departamento, inscribirnos al gimnasio, aceptar un plan de telefonía, solicitar un crédito, pedir un Uber o incluso descargar una aplicación. La mayoría de estas decisiones se toman en cuestión de segundos y, en muchas ocasiones, con la falsa idea de que “todos firman lo mismo”. Sin embargo, detrás de una simple firma o de un clic para aceptar términos y condiciones se encuentran obligaciones, penalidades y responsabilidades que pueden impactar directamente el bolsillo y la tranquilidad de cualquier ciudadano.
El problema no es únicamente que la gente no lea los contratos; el problema es que muchas veces los contratos están redactados para que precisamente nadie los entienda. Cláusulas interminables, lenguaje técnico, tipografías diminutas o términos ambiguos hacen que el ciudadano promedio se rinda antes de empezar. Y es justo ahí donde comienzan los abusos.
Pongamos un ejemplo sencillo: la renta de un departamento. Muchas personas firman un contrato sin revisar puntos básicos como quién es responsable de los arreglos, cuánto tiempo debe notificarse la desocupación o qué penalidades existen por salir antes del plazo. He visto contratos en los que el arrendador pretende cobrar tres meses de renta como multa por terminar el contrato anticipadamente, cuando la ley establece límites y exige proporcionalidad. También es común que se incluyan cláusulas abusivas que pretenden deslindar al dueño de cualquier reparación estructural, trasladando al inquilino gastos que no le corresponden. La renta es un contrato cotidiano, pero también es uno de los espacios donde más abusos se cometen por desconocimiento.
Otro caso muy frecuente son los gimnasios. Muchos centros deportivos imponen “cargos administrativos”, “pausas obligatorias”, anualidades escondidas y penalidades por cancelación anticipada que ni el mismo usuario sabe que firmó. ¿La razón? Los contratos se hacen a la prisa, entre rutinas y pesas, y casi nunca se entregan copias. En algunos casos, los gimnasios condicionan la salida del contrato a la presentación de documentos médicos que acrediten que la persona ya no puede entrenar. Esta práctica es ilegal: el usuario puede cancelar cuando así lo decida, siempre que pague los servicios que realmente utilizó.
La telefonía y los servicios de internet merecen una mención especial. ¿Cuántas veces has contratado un plan porque te prometieron “datos ilimitados”, pero después descubres que solo eran ciertos Megas y que el resto se reduce la velocidad? ¿O que el “equipo gratis” en realidad estaba sujeto a 24 meses de permanencia forzosa? Las compañías suelen utilizar estrategias de mercadotecnia que generan expectativas falsas, pero lo verdaderamente importante es lo que dice el contrato. Y aunque muchos usuarios no lo saben, la ley establece que si un proveedor ofrece condiciones distintas verbalmente a lo que indica el documento, el consumidor tiene derecho a exigir la oferta más favorable.
Los créditos personales y departamentales son otra trampa común. Muchos ciudadanos aceptan créditos de tiendas departamentales sin revisar la tasa de interés real. En México, algunas tiendas manejan tasas que duplican o triplican la de un banco tradicional. Cuando el consumidor se da cuenta, ya arrastra una deuda difícil de manejar. Además, muchos contratos incluyen seguros “forzosos” que el cliente nunca solicitó, pero termina pagando. La buena noticia es que estos cargos pueden reclamarse y cancelarse, pues ningún seguro puede imponerse sin consentimiento expreso.
En cuanto a las plataformas digitales —apps de transporte, delivery, streaming o compras en línea—, el fenómeno es todavía más interesante. Aquí el contrato se firma con un clic y, aunque casi nadie lee los famosos “Términos y Condiciones”, esos textos determinan desde cómo se usan nuestros datos personales hasta el procedimiento en caso de un accidente en un Uber o la responsabilidad de un paquete perdido. Muchas plataformas intentan deslindarse de casi todo, pero en México la ley prohíbe las cláusulas que limiten derechos básicos del consumidor. Lo que aparece en un contrato de aplicación no puede estar por encima de la ley.
Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano frente a contratos que parecen diseñados para confundir? Primero, exigir una copia. Todo proveedor está obligado a entregarla. Segundo, revisar los puntos esenciales: duración, penalidades, causas de terminación, renovaciones automáticas y cargos extras. Tercero, no temer a preguntar ni a solicitar cambios antes de firmar. Y cuarto, recordar que cualquier cláusula abusiva puede denunciarse ante Profeco, que tiene facultades para declarar nulas partes completas del contrato.
Firmar un contrato no debería ser un acto de fe. La justicia empieza en esas decisiones pequeñas que tomamos todos los días. Leer, preguntar y exigir es un derecho ciudadano, pero también una herramienta poderosa para evitar abusos. La ley está ahí para protegernos; lo que falta es que aprendamos a utilizarla, pues la justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.
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