La administración Trump ataca importaciones de semiconductores.

En un intento por revitalizar la producción de semiconductores en Estados Unidos, la administración Trump está considerando implementar un enfoque basado en ratios que penalizaría a los fabricantes nacionales con tarifas si no cumplen con los niveles de producción establecidos. Según informes recientes, esta política obligaría a las empresas de semiconductores de EE. UU. a fabricar una cantidad de chips equivalente a la que sus clientes importan de fabricantes extranjeros.

Este sistema establece que las compañías deberán alcanzar una relación 1:1 entre la producción nacional y las importaciones. Aquellos que no cumplan con esta normativa se verían sujetos a tarifas, aunque aún no se ha especificado un cronograma claro para lograr dicho equilibrio.

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Desde principios de agosto, el presidente Donald Trump ha estado abogando por imposiciones arancelarias en la industria de semiconductores, lo que pone de manifiesto una estrategia agresiva para restablecer la fabricación de chips en el país. Sin embargo, este enfoque podría ser problemático y poco convencional, y, aunque es posible que impulse una mayor producción doméstica a largo plazo, también podría perjudicar a la industria de chips de EE. UU. en el corto plazo, dado el tiempo que lleva aumentar la producción para satisfacer una alta demanda.

Establecer plantas de fabricación de chips en territorio estadounidense es un reto considerable. Por ejemplo, la planta de Intel en Ohio, que se había programado para abrir este año, ha experimentado múltiples retrasos y ahora se espera que inicie operaciones en 2030. Mientras tanto, la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ha anunciado un compromiso de $100 mil millones durante los próximos cuatro años para desarrollar infraestructura destinada a las plantas de producción de chips en EE. UU., aunque los detalles sobre este fondo aún son escasos.

La situación actual refleja un punto de inflexión en la política industrial del país, donde las decisiones tomadas en los próximos meses podrían definir el futuro de la autosuficiencia tecnológica en Estados Unidos.

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