La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su optimismo sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral, afirmando: “Estoy segura de que lo vamos a lograr”. A diferencia del intento fallido de 2023, el gobierno ha decidido asumir un papel activo en este proceso, con la Secretaría del Trabajo al frente de los foros y convocatorias. Sin embargo, persiste una incógnita crucial: ¿de qué manera el Estado apoyará a las empresas para hacer viable este significativo cambio?
Tomando como referencia el caso de Chile, donde una reforma similar requirió seis años para materializarse, se observan tres pilares fundamentales en su implementación: descanso efectivo, gradualidad con responsabilidad económica y diálogo social. Giorgio Boccardo, el ministro del Trabajo chileno, enfatizó que la legitimidad de una reforma de esta índole necesita del respaldo de un acuerdo social y político robusto.
El gobierno chileno comprendió que ajustar la jornada laboral no se trata simplemente de reducir horas, sino de transformar procesos, adaptar turnos y rediseñar métodos de producción. Para facilitar esta transición, ofreció incentivos a la iniciativa privada, un concepto que, en los últimos dos gobiernos de México, ha sido prácticamente un tabú. En Chile, las pequeñas y medianas empresas que han adoptado estas nuevas prácticas han disfrutado de beneficios tangibles; mientras tanto, en México, durante este y el sexenio anterior, no se ha hecho mención de apoyos similares.
El distintivo de “40 horas” en Chile no es solo un reconocimiento simbólico; ha sido una puerta de acceso a políticas públicas que han favorecido el cumplimiento progresivo de la ley. En México, el discurso gubernamental se ha limitado a prometer voluntad y gradualidad, pero aún no se articulan soluciones para las más de 5 millones de pequeñas y microempresas que son pilares del empleo en el país.
Actualmente, el 72% de la fuerza laboral mexicana está empleada en empresas medianas, pequeñas o micro. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), más de un cuarto de los trabajadores subordinados en México laboran más de 48 horas a la semana. Para numerosas unidades productivas, acortar la jornada sin respaldo podría traducirse en una pérdida de competitividad o en un aumento de la informalidad laboral. Es imperativo considerar cómo se legislará en este contexto.
Es fundamental que los empresarios asuman su rol, pero una reforma de tal magnitud, que busca transformar una estructura laboral histórica, demanda una política pública coherente. Se prevé que, en los próximos años, las empresas deberán reducir sus jornadas laborales en dos horas anuales para alcanzar un total de 40 horas semanales para 2030. Incentivar la inversión en tecnología, promover la capacitación del personal, facilitar la formalización de empleos y establecer esquemas fiscales diferenciados son medidas esenciales para que esta reforma prospere.
Sin estos mecanismos de apoyo, el riesgo de avanzar se incrementa notablemente: la reforma podría diluirse en excepciones sectoriales o, en el peor de los casos, incumplirse de facto, especialmente entre las empresas que operan en la informalidad. La experiencia chilena ha demostrado que es posible lograr una baja en la tasa de informalidad y mantener la productividad sin oposición ciudadana. Sin embargo, este éxito no llegó por sí solo; es el resultado de una estrategia basada en acuerdos, evidencia y responsabilidad.
La reducción de la jornada laboral representa una oportunidad histórica para dignificar el trabajo en México. Sin embargo, si no se atiende la falta de acompañamiento a quienes generan empleo, existe el riesgo de que esta nueva política no cumpla su objetivo. La pregunta persiste: ¿tendrá el gobierno la determinación de llenar este vacío o dejará a las empresas resolverlo por su cuenta?
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