Hasta julio pasado, el Registro Nacional del INE reportaba cerca de 530 personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta figura legal fue implementada para proteger a las mujeres en espacios públicos, pero ha sido utilizada en ocasiones para silenciar voces disidentes. Un dato revelador es que el 61% de estas sanciones se concentra en estados gobernados por Morena, como Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
Recientes casos han puesto de relieve esta problemática. Una tuitera fue sancionada por afirmar que una diputada accedió a su candidatura gracias a la influencia de su esposo. La sanción incluyó la obligación de ofrecer una disculpa pública y asistir a cursos de sensibilización. También, en Guerrero, un periodista enfrentó represalias por investigar presuntas irregularidades de una presidenta municipal, siendo su trabajo considerado como violencia política de género, a pesar de no incluir insultos ni lenguaje sexista.
En Campeche, periodistas críticos del gobierno han sido objeto de denuncias bajo esta figura, con sanciones que parecen más dirigidas a silenciar la crítica que a combatir la violencia real. La ambigüedad en la definición de violencia política contra las mujeres permite que cualquier crítica, aunque no esté motivada por intenciones misóginas, pueda ser clasificada como tal si afecta los derechos de una funcionaria.
A la par, la impunidad persiste en la violencia política general, la cual incluye amenazas y agresiones que atentan contra la integridad de candidatos, activistas y periodistas de todos los géneros. La falta de acción adecuada frente a la violencia grave se suma a la utilización de la ley como herramienta para acallar críticas, provocando que muchos elijan no expresar sus opiniones sobre mujeres en posiciones de poder.
El dilema se torna evidente: criticar y arriesgarse a ser sancionado o optar por la autocensura, lo que limita el debate público y el ejercicio de la libertad de expresión. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado en diversas ocasiones su oposición a la censura, muchas acciones dentro de su partido contradicen esta postura, como en Puebla, donde una ley contra el “ciberacoso” ha sido promovida para castigar a críticos, o en Campeche, donde se han presentado demandas contra periodistas por utilizar la figura de violencia política.
Es imprescindible que se planteen reformas a esta legislación. Proteger a las mujeres de auténticas agresiones no debe convertirse en un mecanismo para estrechar el espacio de la crítica. Al criminalizar la crítica a las funcionarias, se corre el riesgo de normalizar una forma de autoritarismo disfrazada de defensa de la igualdad.
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