El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anticipado la imposición de sanciones millonarias a 121 candidatos al Poder Judicial, implicados en el uso indebido de “acordeones” durante su campaña. Este proceso se inscribe dentro de la fiscalización de los gastos realizados por quienes compitieron en las elecciones del pasado 1 de junio, y el Consejo General del INE discutirá las sanciones que equivaldrían al 10% del tope máximo permitido para gastos de campaña, dependiendo del cargo al que aspiraban y su situación económica.
Para aquellos que competían por un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las sanciones podrían alcanzar hasta los 146,855 pesos. La situación se agrava para los candidatos a magistrados electorales, quienes podrían enfrentar multas que lleguen a los 88,130 pesos, mientras que las sanciones para magistrados y jueces oscilarían entre 41,311 pesos y 22,000 pesos.
Al respecto, se destaca que la ministra Yasmín Esquivel Mossa sería la que enfrentaría la sanción más alta, con una multa de 95,490 pesos. Otras figuras importantes como Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama también figuraban entre las que recibirían multas sustanciales, con 52,270 y 44,690 pesos respectivamente.
De un total de más de 3,300 aspirantes, aproximadamente 685 aparecieron en los “acordeones”, y alrededor de 400 de ellos resultaron electos. El INE ha conseguido recopilar evidencia de la existencia y distribución de este tipo de propaganda, incluyendo 10 modelos de acordeones y 336 muestras físicas, aunque enfrenta el reto de identificar plenamente a los responsables de su elaboración y distribución.
El INE ha observado que, a pesar de la negación de responsabilidad por parte de las candidaturas involucradas, la falta de evidencia concreta que permita atribuir estas acciones a individuos específicos representa un obstáculo significativo en su proceso de sanciones.
Este panorama plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en las elecciones de alto nivel y subraya la importancia de la regulación adecuada de los procesos de campaña en el ámbito judicial. En un entorno donde la integridad del sistema electoral es crucial, la discusión de estas sanciones podría marcar un precedente en la lucha contra las irregularidades en el ejercicio de la democracia.
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