Miles de muertos directamente por el conflicto o en masacres de civiles cometidas por ambos bandos, dos millones de personas desplazadas de sus hogares, al menos un millar de detenidos en función de su origen étnico, más de 200 niños fallecidos de malnutrición y 400.000 personas amenazadas de hambruna. La devastación que ha provocado la guerra que sufre Etiopía desde hace algo más de un año está alimentando una grave crisis humana y amenaza con desestabilizar toda la región. Al mismo tiempo que se redoblan los intentos de mediación, las señales de que el conflicto se puede agravar se multiplican: Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Columna Digital a la mayor brevedad posible.
Unas 1.000 personas, en su mayoría de etnia tigrayana, fueron detenidas la semana pasada por las fuerzas del orden en diferentes ciudades de Etiopía, según informó Naciones Unidas este martes. Estos arrestos arbitrarios en función de la etnia de pertenencia también han sido denunciados por Amnistía Internacional (AI), que añade que muchos de ellos se llevan a cabo sin cargos concretos y sin posibilidad de acceso a un abogado. “Los detenidos, incluidos funcionarios, curas ortodoxos y un abogado son encerrados en centros juveniles y otros lugares informales de detención en toda Adís Abeba porque las comisarías de policía ya están abarrotadas”, asegura AI.
Aunque los arrestos de ciudadanos tigrayanos comenzaron ya a comienzos del presente año 2021, tal y como denunció en su momento la Comisión Etíope de Derechos Humanos asegurando que había evidencias de que se trataba de detenciones de carácter étnico, lo cierto es que se han intensificado a partir de la declaración del estado de emergencia el pasado 2 de noviembre. El decreto aprobado entonces permite a las fuerzas de seguridad detener a cualquier ciudadano si existe una “sospecha razonable de cooperación con grupos terroristas” y sin que esté protegido por las habituales garantías judiciales. Tanto el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) como el Ejército de Liberación Oromo (OLA) fueron declarados terroristas por el Gobierno etíope.
En una reciente entrevista concedida a Al Jazeera, Redwan Hussien, ministro etíope de Asuntos Exteriores, admitió las detenciones, pero negó que tuvieran carácter étnico. “No se trata de un ataque sistemático (contra los tigrayanos)”, aseguró, contradiciendo la versión de AI y la Comisión Etíope de Derechos Humanos. Además, manifestó que una vez se determinaba que no había pruebas contra ellos la policía procedía a su liberación.
Por otra parte, un informe elaborado por médicos e investigadores de la Universidad de Mekele revelaba esta semana que unos 200 niños han muerto de hambre en la región de Tigray, bajo control del TPLF y sometida a un bloqueo por parte del Gobierno etíope desde hace meses, según Naciones Unidas. Dicho estudio, publicado por la agencia France Press, revela que la malnutrición se ha disparado tras el comienzo del conflicto. “Hemos contado más de 186 muertes de niños menores de cinco años debido a la malnutrición severa”, aseguró Hagos Godefay, anterior director de los servicios sanitarios en la región, en una entrevista concedida a la citada agencia.
El estudio, que se llevó a cabo en 14 hospitales de Tigray, revela que un 29% de niños sufren malnutrición aguda, mientras que antes de la guerra dicha cifra era del 9%, y que un 7,1% padecen malnutrición aguda severa, cuando hace un año era el 1,3%. Asimismo, revela que solo el 14% de los hogares tienen acceso a alimentación suficiente frente a un 60% en ausencia de guerra. Sin embargo, la investigación no pudo acceder a muchas zonas de la región debido precisamente al conflicto. “En dichas áreas solo podemos imaginar cuántos niños están muriendo de hambre. Viven en zonas aisladas donde no hay agua ni comunicación ni estructuras de salud. Si vamos a esos lugares aislados la cifra sería el doble, eso seguro”, añadió Godefay.
Desde mediados de julio menos del 15% de la ayuda necesaria para socorrer a la población de Tigray ha podido llegar a su destino, según ha denunciado la ONU, que asegura que unas 400.000 personas están al borde de la hambruna. El Gobierno etíope y el TPLF se acusan mutuamente del problema de acceso de la ayuda humanitaria a Tigray.
El conflicto ha vivido en los últimos días una especie de impasse tras el avance de la coalición de fuerzas rebeldes encabezadas por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) y el OLA, que hace dos semanas lograron situar el frente de la guerra a unos 300 kilómetros de la capital y con la amenaza clara de avanzar sobre ella. La visita a Etiopía del enviado especial de la Unión Africana (UA), el nigeriano Olusegun Obasanjo, quien se reunió la semana pasada tanto con las autoridades federales como con los rebeldes del TPLF, ha abierto la puerta a la vía de la negociación aunque, de momento, ambas partes siguen enquistadas en sus reivindicaciones.
El Gobierno etíope exige que los rebeldes detengan su contraofensiva, la retirada del TPLF de las regiones de Amhara y Afar y el reconocimiento de la legitimidad del Ejecutivo federal. Por su parte, los rebeldes tigriyanos reclaman a Adís Abeba que levante el bloqueo a la ayuda humanitaria para que pueda entrar en Tigray. En cualquier caso, Obasanjo aseguró tras encontrar a los dirigentes de ambos bandos que se sentía “optimista en cuanto a la posibilidad de encontrar un terreno de acuerdo para una resolución pacífica del conflicto”, según un comunicado publicado el domingo. Para ello exigió a ambas partes un alto el fuego y el cese de toda ofensiva militar.
El presidente de la vecina Kenia, Uhuru Kenyatta, cursó también una visita el domingo a Adís Abeba y se reunió con el primer ministro Abiy Ahmed, tras lo cual volvió a exhortar a un alto el fuego. “Nadie puede hacerlo en su lugar. Ninguna intervención ni intento de persuasión funcionará si ellos no tienen por su cuenta la voluntad política de acabar con esta crisis”, aseguró. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se encuentra esta semana de gira africana y su primer destino ha sido precisamente Kenia. “El fracaso de las negociaciones”, comentó, “conduciría a la implosión de Etiopía lo que tendría un impacto sobre otros países de la región”.
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