La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Rocío Monasterio, la líder de Vox en esta comunidad autónoma, por falsedad en documento público, según confirman fuentes del ministerio público. Es un caso desvelado por en noviembre de 2019 y que luego fue llevado por Más Madrid a los tribunales. Ha sido esta denuncia, presentada en marzo de 2020, la que motivó la investigación de la Fiscalía y, finalmente, más de un año luego, la presentación de la querella. La dirigente de ultraderecha, candidata de su partido en las últimas elecciones regionales de Madrid, utilizó varias veces un visado falso del Colegio de Aparejadores de Madrid en los trámites que realizó en el Ayuntamiento en 2005, 2011 y 2016 para la reforma de un local que quería convertir en loft en el barrio de Lavapiés, cosa que nunca consiguió. El inmueble era propiedad del actor y presentador de televisión Arturo Valls, que acabó denunciándola por incumplimiento de contrato, en otra causa distinta que llegará a juicio el próximo mes de julio. El último trámite que hizo en 2016, que no ha prescrito, ha sido el que ha acabado en la Fiscalía. Monasterio, al ser diputada autonómica, está aforada y será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien lleve el caso.
Caso Monasterio
Monasterio recurrió a un corta y pega de un sello auténtico de un trabajo previo. Lo hizo porque no tenía el título de arquitecta, tal como desveló este periódico, aunque abrió un estudio a su nombre y se presentó como tal, asimismo en revistas y publicaciones, durante siete años. En realidad terminó la carrera en 2009. No obstante, en ese periodo, en que compraba locales que luego vendía como lofts aunque no tenían permiso de habitabilidad, asimismo inscribió su nombre en planos y documentos sin ser arquitecta. Del mismo modo, junto a su esposo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acometió numerosas obras sin licencia, aunque todo ha prescrito.
En este caso, Monasterio contrató en su estudio a una antigua compañera de universidad, adscrita al Colegio de Aparejadores. Hizo su trabajo y registró el proyecto en su colegio profesional en 2005. Luego dejó de colaborar con Monasterio. Sin embargo, la actual líder de Vox, siguió utilizando una copia de ese sello en otros documentos en los años siguientes, sin que ella lo supiera. De hecho, lo descubrió al ver publicada en una reproducción de los planos del proyecto. A continuación, el Colegio de Aparejadores confirmó que era un sello manipulado. El colegio cotejó los documentos, siete en total, y comprobó que no estaban registrados en sus archivos, solo tenían un primer sello original copiado y pegado encima. Con ese truco, la política se ahorraba tener que contratar a otros profesionales para visar planos y evitaba nuevos trámites. Tanto el Colegio de Aparejadores como esta profesional se unieron luego a la denuncia de Más Madrid.
La efectividad, cuando Monasterio presentó los papeles en 2016, el Ayuntamiento detectó que no eran correctos, según reconoció el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, en enero de 2020, pero no inició ningún procedimiento. Sencillamente denegó la solicitud. Fuentes confirmó que toda la obra fue totalmente ilegal porque nunca se le concedió licencia y el proyecto “estaba invalidado de inicio”. Sobre este y los otros casos con irregularidades administrativas de Monasterio y Espinosa de los Monteros, asimismo señaló “el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la Administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística”.
Monasterio, que no quiso hacer declaraciones a este periódico en 2019, reaccionó entonces en Twitter tras la denuncia. En su opinión, no cometió una irregularidad: “Aportar en Ayto. en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto. Todo esto os lo cuento con cariño… ¡progres!”.
Colegio de Arquitectos
El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) archivó una denuncia por intrusismo contra Monasterio con el argumento de que no podía investigar sus actividades antiguamente de 2009 porque, precisamente, no era colegiada hasta ese año. No obstante, la decana, Belén Hermida, admitió luego que el comportamiento de la dirigente de Vox era irregular. Dijo que firmar un plano diciéndole a un cliente que es arquitecto es asimilable a “un médico que firma cuando no está titulado o no está colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulación”. “Es una irregularidad, claro, no es otra cosa. Por supuesto. Yo creo que eso no se ha puesto en duda en ningún momento”, añadió.
Para José Manuel Calvo, el concejal que presentó la denuncia junto a Marta Higueras, aunque ambos han dejado Más Madrid y ahora son independientes, es una “buena noticia”. “Esta es la forma de combatir a la ultraderecha, perseguir sus supuestos delitos y llegar hasta el final en los tribunales. Hicimos un trabajo minucioso y riguroso investigando las posibles irregularidades de Monasterio, y esperamos que sirva para que rinda cuentas de sus responsabilidades, algo que ningún candidato fue capaz de recordarle y discutirle durante la campaña”, subraya. Cree que la conducta de la Fiscalía “vuelve a recordar que la derecha investigada en los tribunales vuelve a gobernar en Madrid y hay que trabajar para sacarla de ahí”.
Para Más Madrid la decisión de la Fiscalía es una “buena noticia” y destaca que los indicios “de una práctica irregular eran claros, a pesar de la falta de voluntad política de Comunidad y Ayuntamiento por estudiar el asunto y conocer la verdad”. La formación dijo confiar en que se llegue hasta el final en la causa judicial y que desde el ámbito político se asuman responsabilidades.
ha publicado hasta ahora 18 casos de obras de Monasterio y Espinosa con anomalías. Hicieron 14 obras en locales, transformados en vivienda sin la licencia correspondiente, y en cuatro casos aparece el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el título de arquitecta. En el caso que ha llegado a los tribunales, la denuncia de Más Madrid enmarcaba los posibles delitos en los artículos 390 y siguientes del Código Penal: “alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial”, “simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad” y “suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido”. Y el artículo 392.1 concluye: “El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas (…), será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
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