La juez del caso Aznalcóllar, Patricia Fernández, sentará en el banquillo al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández y otros 15 procesados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta andaluza, por el concurso público de la mina celebrado en 2015. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla dictó el pasado viernes un auto de apertura de juicio oral, después de dos archivos previos y de que la juez Mercedes Alaya, en la Audiencia sevillana, impusiera su criterio para finalmente celebrar juicio.
A pesar de que la Fiscalía no acusa y ha pedido el archivo porque no ve delito, en el banquillo de los acusados se sentarán finalmente 16 acusados, pese a que en un primer momento la juez del caso solo procesara a nueve imputados. Tras ese procesamiento inicial, Alaya obligó a Fernández a incluir a los miembros de la comisión técnica del concurso, al jefe del departamento de Ordenación Minera de la Junta y al secretario de la mesa de contratación, que sumaban 16 personas. En su auto, la magistrada fija a la Junta como responsable civil subsidiario junto a los representantes de la empresa Minera Los Frailes-Grupo México, denunciada por su competidora Emerita Resources.
Tras su imputación en la causa, el Gobierno cesó en 2019 a Fernández al frente de la SEPI por este caso, que se remonta a su etapa como secretario general de la consejería andaluza de Innovación Ciencia y Empleo. Alaya, cuando instruía la causa antes de ascender a la Audiencia, le acusó de mantener “una connivencia y relación personal” con los empresarios ganadores de la licitación. Más tarde, Fernández archivó el caso dos veces y dos veces Alaya lo reabrió desde la Sección Séptima de la Audiencia, en 2016 y 2019.
El empeño de la juez Alaya
Alaya ganó el pulso frente a Fernández a pesar de que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Intervención General del Estado ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vieron indicios de delito durante la instrucción para aclarar la supuesta connivencia entre la firma ganadora y los ex altos cargos de la Junta.
La juez subraya en su auto los delitos que les achacan las dos acusaciones particulares ―ejercidas por dos empresas mineras perdedoras del concurso― y la acusación popular representada por Ecologistas en Acción: malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Junto a Fernández se sentarán en el banquillo la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio y el ex secretario general de Medio Ambiente José Salvador.
En paralelo, la juez no ha impuesto fianzas ni ha accedido a la suspensión de la actividad minera y del permiso para vertidos que solicitó Ecologistas en Acción, aunque abre la puerta a que las partes puedan solicitarlo en la jurisdicción Contencioso-administrativa.
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