La jueza Ana Belén Vico, que dirige la investigación sobre la caja b del Partido Popular en Almería, ha imputado al secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Guillermo Lago; a la concejal de Hacienda y Contratación, Teresa Fernández; al exinterventor Luis Ortega; y a tres técnicas municipales. La justicia ha tardado siete años en llamar a declarar como investigados a estas seis personas vinculadas a la presunta financiación ilegal del PP desde que la policía inició las pesquisas en 2014.
Lago trabaja codo con codo junto a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar durante 26 años y presidente de honor del PP almeriense, al que la policía sitúa en el centro de las irregularidades detectadas en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, pero que aún no figura como investigado en esta causa que se instruye en el Juzgado número 3 de Almería.
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La investigación policial determinó que el PP de Almería, la agrupación provincial más poderosa del partido en Andalucía, financió sus campañas electorales para las municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales procedentes de la constructora Hispano Almería. Tras la denuncia de dos extrabajadores, la contabilidad interna de la empresa afloró cantidades abonadas supuestamente al PP de esa provincia andaluza que suman 110.000 euros.
Ahora, las pesquisas judicializadas intentan determinar si Hispano Almería mantuvo un sistema de pagos a este partido a cambio de la adjudicación de obras, así como si hubo enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Los exempleados revelaron pagos en sobres blancos con billetes de 500 euros, entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos
Las pruebas clave para las pesquisas son los recibís de supuestos pagos con aportaciones para las municipales de 2003 en Roquetas de Mar (36.000 euros) y las generales y autonómicas de 2008 a través de abonos al PP de Níjar (25.000 euros). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía detectó pagos bajo cuerda de la constructora por 7,29 millones vinculados a 62 expedientes de adjudicación de obra desde Ayuntamientos como Roquetas de Mar o La Mojonera.
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La magistrada cita a los seis investigados para finales de enero y principios de febrero, y le pide a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta, IRPF e IVA de todos ellos entre los años 2000 y 2010. En paralelo, ordena a la Policía que averigüe el patrimonio que atesoran todos los investigados, así como las cuentas bancarias que tengan y sus movimientos durante dicha década. La edil Teresa Fernández es esposa del presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria de la Junta (Ifapa) y exalcalde de La Mojonera entre 2003 y 2015, José Cara, que fue socio de Gesponiente, una filial de Hispano Almería.
La juez investiga delitos de malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, prevaricación y organización y grupo criminal, entre otros. Entre los investigados destacan el constructor y dueño de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, y su contable Antonio Morales, los exconcejales de Roquetas de Mar José María González, Nicolás Manuel Manzano y Antonio García, así como los anteriores jefe de la oficina de planeamiento Manuel Bermejo y el arquitecto municipal Javier Macías.
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