La justicia austriaca vuelve a poner en el punto de mira al partido conservador ÖVP y a su líder, el canciller Sebastian Kurz. Tras las investigaciones en torno a prácticas de enchufismo y supuesta financiación ilegal derivadas del escándalo del caso Ibiza, la Fiscalía ha realizado este miércoles registros en la sede central del ÖVP en Viena y en varios despachos de la cancillería. Según apuntan medios austriacos, las investigaciones afectan al menos a un portavoz del jefe del Gobierno y varios asesores. La Fiscalía Anticorrupción aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero prevé emitir un comunicado a lo largo del día.
Los investigadores analizan la supuesta financiación de publicidad y encuestas favorables al Gobierno y al ÖVP en un periódico austriaco, según los periódicos Die Presse y Der Standard.
El partido popular austriaco ha reaccionado a los registros con un comunicado en el que acusa a los investigadores de tener como objetivo “perjudicar masivamente al ÖVP y a Sebastian Kurz” y de “fabricar reproches” contra ellos. En la nota, la representante de la secretaría general del partido, Gaby Schwarz, confirma los registros y dice que ya hubo otra intervención judicial en 2013 que no encontró “nada incriminatorio”.
El grupo de medios Österreich, al que apuntan las informaciones sobre la investigación, ha emitido a través de la agencia APA un comunicado en el que niega categóricamente cualquier acuerdo con el Ministerio de Finanzas para el “pago de encuestas a través de anuncios”.
Las pesquisas, en principio, no están así relacionadas con los sumarios que se abrieron tras las revelaciones del exvicecanciller ultra Heinz-Christian Strache (FPÖ) en una grabación realizada con cámara oculta en Ibiza en 2017, en las que ofrecía contratos públicos ante una falsa oligarca rusa a la que sugería también donaciones irregulares al partido.
Sin embargo, los registros y posibles nuevas acusaciones suponen otro golpe a la imagen del partido mayoritario y al Ejecutivo de Kurz, que ya está bajo investigación por la sospecha de falso testimonio ante la comisión parlamentaria que analizó las revelaciones del caso Ibiza. Kurz declaró acompañado de su abogado ante un juez a principios de septiembre y negó la imputación, centrada en su posible intervención para colocar a un estrecho asesor al frente de la sociedad estatal Öbag. Varios medios publicaron parte de la declaración, que dejó la imagen de un canciller crispado ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha acusado de parcialidad e investigaciones chapuceras que acaban en nada.
El líder conservador, que gobierna en coalición con Los Verdes, no es el único dirigente del partido y del Ejecutivo afectado por las pesquisas desencadenadas por el caso Ibiza, que le llevó en mayo de 2019 a romper el pacto que mantenía con la ultraderecha y convocar elecciones anticipadas.
En marzo pasado, la Fiscalía ordenó el registro de la vivienda del ministro de Finanzas, Gernot Blümel, del círculo más cercano a Kurz, por sospechas de donaciones al ÖVP a cambio de una intermediación para una empresa de juegos y casinos que el investigado y la firma niegan.
El ministerio público ha abierto varias causas por posibles sobornos o donaciones ilegales y ya ha conseguido una primera condena de 15 meses contra el exlíder ultra Strache por impulsar una modificación legal que afectaba a una clínica privada a cambio de dinero para su partido. Los fiscales también han investigado a otros ex altos cargos y miembros del partido.
