Cuando los agentes entraron en casa de Ana María Cameno en 2014, la presunta narco hizo honor a su alias. Los investigadores encontraron en el domicilio de La reina de la coca, una burgalesa de familia acomodada a la que se vincula desde hace décadas con el tráfico de drogas, cerca de 45 kilos de cocaína distribuidos en varios paquetes ocultos en maletas, con una pureza del 56% y un valor en el mercado de casi seis millones de euros. Pero no fue lo único. La Policía y la Guardia Civil también hallaron 28 teléfonos móviles, una báscula de precisión, una prensa hidráulica y una pistola Baikal de ocho milímetros con silenciador y el número de identificación borrado. Además, en el momento de su arresto, la mujer sacó un fajo de billetes por valor de 8.700 euros que ocultaba bajo su ropa interior y se lo dio a un agente. Pero de aquel episodio, recogido en un escrito de acusación de la Fiscalía Antidroga, Cameno no ha querido hablar este martes.
—No voy a declarar —ha respondido escueta La Reina al tribunal de la Audiencia Nacional que ha comenzado a juzgarla.
La vista oral ha arrancado pasadas las 10 de la mañana de este martes, después de que el lunes tuviera que aplazarse por la ausencia de un abogado por padecer covid. El ministerio público pide 25 años de cárcel para Cameno, a la que atribuye delitos de tráfico de drogas, blanqueo y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía también solicita una pena de 21 años de prisión para José Ramón Mora Parra, quien fuera pareja de la presunta narco y que se encuentra en busca y captura por no haber comparecido al juicio. Otras 11 personas se sientan en el banquillo, acusadas de ayudarlos presuntamente en una operación para la venta de cerca de 100 kilos de cocaína y en la creación de una red para ocultar sus ingentes beneficios ilícitos.
Según relata la acusación pública, La Reina lideraba una trama dedicada a la compraventa de drogas. Inmersa en este negocio desde hace años, los agentes ya la habían arrestado y vinculado con dos operaciones policiales desarrolladas en 2011, bautizadas como Colapso y Azaleas, que permitieron desmantelar el mayor laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína de Europa. Pero, en 2013, la burgalesa había vuelto a las andadas. “Continuaba desarrollando actividades encaminadas a la distribución a terceros de sustancia estupefaciente”, detalla la Fiscalía, que describe en sus conclusiones provisionales cómo ella misma mantenía “contactos regulares” con suministradores y con los encargados del transporte de la mercancía.
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