El pasado lunes, entrada la tarde, los primeros ejecutivos de las compañías eléctricas recibieron la llamada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. La también ministra para la Transición Ecológica les transmitía que al día siguiente el Consejo de Ministros iba a aprobar, mediante un real decreto-ley, un plan de choque con medidas para hacer frente a la subida de la luz. Era algo que ya estaba en los círculos más informados; pero faltaba confirmarlo. Sin embargo, no les dio muchos detalles. Solo el enunciado de las medidas, que los técnicos del ministerio han estado preparando desde agosto y que se han acelerado por el imparable aumento de los precios mayoristas de la electricidad.
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Esa misma noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE, concretó algo más. Algunas medidas son temporales, como la reducción del impuesto especial, que se suma a la bajada del IVA y del impuesto de generación; la minoración de los “beneficios extraordinarios” obtenidos por la retribución de la energía no contaminante al precio marcado por el gas (“las empresas podrán soportarlo”, afirmó el presidente), que permitirán reducir los cargos que se cobran en el recibo o la obligación de las compañías dominantes (es decir, las grandes) de hacer subastas entre los independientes. Otras de carácter permanente, como la instauración de un suministro mínimo vital para garantizar que los hogares más vulnerables no se queden sin luz o el control de los desembalses de los pantanos para evitar especulaciones.
Las razones para el plan estaban más que justificadas ante el incremento de los precios del gas, que son los que marcan el precio marginal al que se venden todas las energías en el mercado mayorista, y de los derechos de emisión de CO₂. Casualmente, tras tomarse las medidas el precio de la energía se disparó al récord de 188,18 euros MWh el pasado jueves (los días siguientes se redujo hasta los 146,57 de este domingo), cifras que ningún gabinete de estudios había previsto ni con mucho (como máximo lo habían situado en torno a los 60 euros).
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Lo peor es que el mercado de futuros indica que los precios del gas seguirán por las nubes al menos hasta marzo de 2022 y el Gobierno no puede actuar sobre ellos. Lo único que puede hacer es encomendarse a los dioses de los mercados internacionales para que abran el grifo y a las autoridades de Bruselas para que modifiquen el sistema de fijación de precios y el mercado de CO₂, en el que se han metido a mansalva los fondos de inversión a especular. Por eso no quedaba más opción que hacerlo sobre las partes del recibo de la luz en la que se puede maniobrar: los costes regulados y los impuestos, que han pasado de representar el 75% de la tarifa a menos del 50%, mientras la energía pondera más de la mitad.
No llueve a gusto de todos
Pero por muchas razones que se esgriman, no llueve a gusto de todos. Mientras las asociaciones de consumidores y ecologistas aplauden, las empresas del sector se lamentan y preparan la artillería para acudir a los tribunales, alentadas además por los bancos de inversión, que han sacado una batería de informes en los que se agolpan las descalificaciones al plan: inseguridad jurídica, incertidumbre regulatoria, freno a la recuperación… Las eléctricas ponen en cuestión la frase del presidente de que lo puedan soportar.
Según la patronal sectorial, la minoración de los llamados “beneficios extraordinarios” de la generación hidráulica y nuclear (por valor de 2.600 millones) “es una medida injusta y desacertada, basada en un supuesto incremento de los beneficios”. “Tiene”, añade, “un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en Bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021″.
Las empresas, además, subrayan que no se ha tenido en cuenta que tienen prácticamente vendido a plazo el 100% de la producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y más del 75% de 2022 a un precio que no supera los 60 euros MWh, muy inferior al del mercado spot (se compra o vende con entrega inmediata y al precio actual de mercado). A su juicio, se va a producir una reducción de ingresos de unos 65 euros MWh, que se suman a los 10 euros MWh que van a perder por la eliminación de la remuneración que reciben en las centrales de antes de 2005 que no emiten CO₂ (los llamados beneficios caídos del cielo que está en fase de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados).
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Al respecto, el Foro Nuclear, en el que están presentes las eléctricas, ha amenazado con acciones legales y con cerrar las nucleares antes de la fecha pactada si no se retira el proyecto, algo que no pueden hacer sin tener un informe favorable del operador del mercado.
Pero también se han quejado las firmas de renovables, alarmadas porque la redacción del artículo 4 del real decreto-ley no deja claro si la minoración de los “beneficios extraordinarios” afecta a las instalaciones que desarrollan con contratos cerrados de compraventa (conocidos como APP por sus siglas en inglés). De ser así, anunciaron que tendrían que clausurarlas y dejar de hacer inversiones. “Es un frenazo a la transición energética”, llegaron a decir en el sector. El lío fue tan mayúsculo que la vicepresidenta Ribera tuvo que aclarar que la medida no se aplicará a las instalaciones que no hayan obtenido beneficios extraordinarios como consecuencia de vender energía a precio del gas. Se calmaron las aguas, pero no los ánimos.
Las compañías, no obstante, tienen algunas esperanzas de que el ministerio reconsidere su postura y revise el decreto-ley para que la sangre no llegue al río. Por eso, antes de acudir a los tribunales, están moviendo sus poderosos hilos. Quieren agotar todas las posibilidades de acercarse al Gobierno por las vías que encuentren abiertas, que no son solo las de Transición Ecológica. Por otra parte, les alivia, en lo que cabe, que la mayoría de las medidas sean temporales.
