Los abusos policiales documentados en videos que inundan los celulares cada noche han vuelto a agitar la indignación en Colombia. Con más de una veintena de muertos sobre el asfalto de varias ciudades del país tras diez días de movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque, ha resurgido el aplazado debate sobre una reforma de la policía. Abundan las voces que abogan por buscar fórmulas para reconstruir una confianza resquebrajada.
Las denuncias de abusos policiales en Colombia han sido frecuentes incluso en medio de las medidas de confinamiento para atender la pandemia del coronavirus, un malestar que se acumula desde la primera oleada de manifestaciones contra Duque a finales del 2019. En aquel entonces, un proyectil del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Esmad, mató durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz.
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En la madrugada del pasado 9 de septiembre, el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que antes lo habían sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus súplicas, desató la ira ciudadana. Ese crimen, cometido en el interior de un Comando de Acción Inmediata (CAI), provocó dos caóticas noches de disturbios en Bogotá, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, le pidió públicamente al presidente Duque liderar un profundo proceso de reforma de la policía. El Gobierno respondió con una defensa cerrada de la fuerza pública y el propio Duque se fotografió con una chaqueta de policía para escenificar su respaldo.
En este nuevo ciclo de movilizaciones, iniciado el 28 de abril, se cuentan al menos 27 muertos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch, por su parte, ha recibido 36 denuncias de fallecidos en el marco de las protestas. Solo en la capital, la noche del martes dejó casi un centenar de heridos y una turba intentó incendiar un CAI con policías que lograron escapar. Los reportes crecen cada noche y la crisis de confianza es palpable. En el más reciente estudio de la firma Invamer, en febrero, el 55% de los consultados tenía una imagen desfavorable de la policía.
Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención “sistemática, arbitraria y violenta” de los uniformados en las manifestaciones, apunta el centro de pensamiento Dejusticia. Junto a otras organizaciones, le han pedido a la Corte Suprema que declare un incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal en una sentencia del 22 de septiembre . La Corte encontró que el Estado reprime de manera “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones ciudadanas, y en ese fallo le ordenaba al Gobierno, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social.
Los múltiples episodios de uso excesivo de la fuerza se producen además en un momento de transición, cuando Colombia intenta doblar la página de la violencia asociada a más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Las denuncias han llevado a que se pronuncie la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves ocurridos durante la guerra.
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