Hasta 60.000 megavatios (MW) fotovoltaicos y 19.000 MW eólicos, según fuentes de las asociaciones sectoriales UNEF y AEE están pendientes del calendario. Si no reciben antes del próximo 25 de enero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las comunidades autónomas correspondiente (cuando la planta tiene menos de 50 MW) o del Ministerio para la Transición Ecológica (si supera dicha capacidad), habrán perdido los derechos para continuar adelante.
Aunque, por tratarse de un motivo ajeno a su voluntad, se les devolverían los avales presentados y podrían seguir tramitando la DIA partiendo desde cero, los promotores se quedarían sin su principal activo: el acceso de conexión a las redes que les ha otorgado REE. Y es que todos esos megavatios cuentan ya con dicho acceso, lo que supone una saturación de los puntos de conexión y que el operador del sistema eléctrico no pueda conceder más a los nuevos proyectos que están en la cola, en tanto se resuelven todos estos que están pendientes de la DIA.
Este es el principal motivo que esgrime el ministerio que dirige Teresa Ribera para no prorrogar el plazo (sería el tercer aplazamiento) para obtener dicha declaración. Aunque en los proyectos de más de 50 MW es este departamento el que otorga este permiso, para concederlo necesita, según el artículo 37 de la Ley de Evaluación Ambiental, un informe previo de la comunidad autónoma en que se ubicará la planta. Por tanto, la comunidad es órgano competente (en las de menos de 50 MW), y consultivo, en las de capacidad superior que debe dilucidar el ministerio.
Otra razón para rechazar otra prórroga, es que, según fuentes políticas, supondría respaldar la lentitud de las Administraciones autonómicas. Las comunidades se defienden alegando que el sistema de evaluación es tan garantista que prolonga los procesos de las DIA más de 30 meses. Además, hay que añadir otros 34 meses para el resto de autorizaciones, amén, del periodo de la construcción.
Un argumento que hace aguas si se analiza la situación de cada comunidad: las asociaciones de renovables y otras fuentes sectoriales coinciden en que la más diligente es Extremadura (que apenas tiene DIA pendientes), seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha. En el extremo contrario se encuentra la Comunidad Valenciana, con una situación que algunos califican de caótica y que achacan a las batallas internas del Gobierno de coalición de Ximo Puig. También se denuncian serios retrasos en Cataluña, País Vasco, Madrid y Castilla y León. Queda por ver qué hace el ministerio.
De momento, este se ha comprometido a cumplir sus propios plazos (le corresponde evaluar aproximadamente la mitad de los 80.000 MW pendientes) pero solo, obviamente, para los proyectos de los que haya recibido los informe autonómicos preceptivos. En cualquier caso, según fuentes del sector, la estrategia de Transición Ecológica es rechazar a priori dicho aplazamiento, al menos, hasta que esté a punto de finalizar el hito del 25 de enero. De lo contrario, los Gobiernos autónomos se relajarían, señalan.
A los tribunales
Las mismas fuentes consideran improbable que el Gobierno vaya a dejar en el aire tantos proyectos, pues los promotores podrían pedir responsabilidad patrimonial en los tribunales a la Administración central y, muy especialmente, a las autonómicas. Los inversores perderían la concesión de acceso a las redes y se verían obligados a buscar nuevos emplazamientos.
En cualquier caso, buena parte de los proyectos ahora en trámite administrativo, aun cumpliéndose los plazos, podrían ser rechazados por razones medioambientales. Especialmente, en el caso de la eólica, una tecnología más agresiva, pues afecta a las aves, al paisaje y exige cimentaciones.
Los 80.000 MW actualmente en liza contrastan con los 60.000 MW de renovables que el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) prevé que se instalen en España entre 2021 y 2030. No obstante, este objetivo debe ser revisado al alza, según las nuevas consignas de la Unión Europea.
Un proceso engorroso de más de 30 meses
Los funcionarios, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central que deben evaluar las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de renovables, se enfrentan a largos plazos: más de 30 meses. Una vez presentadas las solicitudes por parte de los promotores, se abren consultas previas.
Tras dichas consultas se realiza un estudio detallado del efecto medioambiental del proyecto (avifauna, flora, paisaje, etc.) y se le entrega al promotor. Este contrata a una consultora que realiza un informe sobre la solución que dará a los problemas generados por la instalación y se envía a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Y esta a las subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde se ubiquen los proyectos. Este proceso puede durar un año.
El siguiente paso es someter el estudio a consulta pública. Cualquier persona o institución, sin límite, puede alegar y el promotor ha de contestar a todos y puede contraalegar. Una vez finaliza la consulta, el resultado se envía de nuevo a las subdelegaciones del Gobierno, que hace otro informe y lo entrega, según el caso, a la Secretaría de Estado o a la consejería correspondiente. Estas pueden ya realizar la DIA, que puede ser positiva, negativa o positiva con condiciones.
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