La compleja y larga negociación para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, enfila su tramo final aún con diferencias significativas entre los seis grupos parlamentarios ―PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts― que intentan alcanzar un acuerdo. El último escollo son seis artículos en los que, desde que estos partidos crearon en marzo un grupo de trabajo para consensuar un texto que llevar al pleno del Congreso, no han conseguido pactar, según confirman a Columna Digital fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones. De ellos, tres son los que provocan mayores discrepancias, según las mismas fuentes. Se trata de los que recogen la utilización por parte de la Policía del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposición adicional décima).
De los otros tres, las mismas fuentes destacan que el acuerdo está “bastante cerca”, pero que aún hay que superar algunas diferencias para poder sumar a todos los partidos negociadores, clave para que el texto que llegue al pleno del Congreso consiga los votos necesarios para su aprobación. Se trata de los referidos a la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestación por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (artículo 30.3); el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (artículo 36.6), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares públicos para identificar y cachear personas, y registrar vehículos (artículo 17.2). En la última reunión, celebrada el jueves, los seis grupos parlamentarios acordaron cambiar el formato actual de las negociaciones para intentar salvar estas diferencias antes de que acabe el año. Unidas Podemos y PNV presentarán a los otros partidos textos para allanar el camino al acuerdo final.
El punto más controvertido, y en el que las posiciones siguen más enfrentadas, es el del uso de las pelotas de goma. ERC, Junts ―que recuerdan que los Mossos d’Esquadra tienen prohibida su utilización y emplean proyectiles de foam, material viscoelástico supuestamente menos lesivo― y EH Bildu reclaman su inmediata prohibición. Por su parte, el PNV aboga por el modelo implantado en Euskadi por el Gobierno vasco, que restringe su utilización por parte de la Ertzaintza a casos tan excepcionales que en los últimos 10 años sus agentes no han disparado ninguna. PSOE y Unidas Podemos plantearon al inicio de las negociaciones una enmienda que no contemplaba ningún recorte, aunque abogaba por elaborar “protocolos específicos” para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Esa es la postura que aún mantienen los socialistas, pero no sus socios de gobierno, que recientemente hicieron una propuesta alternativa: la creación, en el plazo de seis meses, de una comisión presidida por el Defensor del Pueblo que estudie “la transición y sustitución” de las pelotas de goma por otro material menos lesivo en un intento de acercar las diferentes posiciones en este punto.
Algo similar ocurre con el artículo que fija como infracción leve ―sancionada con multas de 100 a 600 euros― “las faltas de respeto y consideración” a los policías. Este punto es uno de los más esgrimidos por las Fuerzas de Seguridad para sancionar desde que entró en vigor la norma. Los socialistas han rechazado las dos propuestas planteadas hasta ahora. La de Unidas Podemos quería limitar estas sanciones a los “insultos o injurias”, como ya recogía en las enmiendas que presentó en solitario cuando se inició el debate. La otra, del PNV, proponía castigar las “expresiones o conductas” que desacrediten el ejercicio de la función de los agentes. El PSOE defiende que el texto actual se mantenga.
El tercer gran escollo son las llamadas devoluciones en caliente, de nuevo de actualidad tras la tragedia en la valla de Melilla del 24 de junio, en la que murieron, al menos, 23 migrantes y refugiados y tras la que se retornó a Marruecos a 470. El Tribunal Constitucional avaló en noviembre de 2020 esta figura a partir de un pronunciamiento que, en febrero de ese mismo año, había hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, en aquel fallo el tribunal de garantías fijó unas condiciones para llevarlas a cabo, prohibiendo expresamente que se aplicara a personas “especialmente vulnerables”, como menores, embarazadas, ancianos o con alguna discapacidad. El PSOE quiere recoger estas condiciones, pero manteniendo en todo caso en la nueva ley mordaza la posibilidad de los rechazos en frontera. Otros grupos, sin embargo, plantean la eliminación de esta figura o, al menos, una reforma para incrementar las garantías de los migrantes y evitar, precisamente, que se aplique a esos colectivos y a migrantes con derecho a acogerse a la figura del asilo.
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Discrepancias
Las discrepancias en los otros tres artículos sin acuerdo son “menores”, según coinciden en señalar varias fuentes consultadas. En el caso del que castiga la desobediencia a la policía ya hubo un principio de acuerdo en una propuesta que señalaba que esta solo será punible si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”. Según fuentes de la negociación, el PSOE, que en un primer momento había dado el visto bueno, ahora vuelve a poner objeciones. Los socialistas no han respondido a los requerimientos de este periódico para conocer su versión. En el caso del artículo que señala a los convocantes y promotores de las manifestaciones como “sujetos responsables” de las infracciones que se produzcan en las mismas, algunos grupos reclaman que se suprima al considerar que no se les puede responsabilizar de lo que hagan los participantes en la misma. El último punto sin acuerdo, el referido a los controles en espacios públicos, algunos partidos quieren que se añada la obligación de la Policía de comunicar estas medidas “de limitación de derechos” a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista policía autonómica con competencias en el territorio donde se produce, a esta.
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