Por segundo día consecutivo, Lima fue el epicentro de las protestas. Una multitud de manifestantes permaneció este viernes en las calles de la capital de Perú, tratando de mantener el pulso tras haber llegado desde tan lejos. Ciudadanos de las distintas regiones del país, principalmente de la sierra sur, se han congregado en la ciudad en su intento más extremo por hacerse escuchar. Los discursos de la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, tras el primer día de la gran movilización enervaron nuevamente a los convocantes, pues los acusaron de no tener ninguna agenda social y de solo incitar el caos para tomar el poder.
La plaza de San Martín, habitual lugar de concentración de las marchas, en el centro histórico de Lima, amaneció cercada e inundada. Durante dieciséis horas, 50 unidades y 250 bomberos lucharon para apagar las llamas que consumieron a una vieja casona aledaña. Quedaron solo escombros del edificio Marcionelli, sede del Consulado General de Suiza en los años cuarenta. El desastre, que finalmente dispersó a la marcha, generó una polémica encarnizada: ¿quién provocó el incendio? ¿Los manifestantes o la Policía? Los hechos son materia de investigación, aunque existen varios testimonios de vecinos que aseguran que se trató de una bomba lacrimógena. El ministro del Interior, Vicente Romero, desestimó esta versión: “Es totalmente falso. No produce quemaduras ni incendios. Solo emana gases”.
En el punto más álgido del conflicto, que se originó el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, no hay visos de las autoridades ni de los medios de comunicación por desescalar la violencia. A diferencia del primer día, este viernes la mayoría de los protestantes se dirigió hacia el centro de Lima en lugar de esparcirse por otros distritos. Se concentró en la plaza Bolognesi y en el Parque Universitario. A sabiendas de que el objetivo de la ciudadanía era dirigirse hacia el Congreso, la Policía redobló su despliegue y formó un cordón inexpugnable en la avenida Abancay, que quedó sumida en el humo tóxico de las bombas lacrimógenas durante varios pasajes de la tarde y la noche. Otra vez, la protesta no logró su meta. Según la Defensoría del Pueblo se registraron una treintena de heridos.
En las regiones, el distrito de Ilave, en Puno, fue el más afectado. Un hombre de 62 años, Isidro Arcata Mamani, falleció tras ser alcanzado por una bala que le destrozó el fémur izquierdo y cinco ciudadanos resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento con los agentes de las fuerzas de seguridad, dos de ellos por de armas de fuego. Se trata de José Hernani Lima, de 46 años, y Edgar Mamani Maron, de 39). Ambos fueron alcanzados en la zona abdominal. Su pronóstico es reservado. Se han viralizado escenas de los disparos de parte de los agentes a quemarropa. En Puno, además, fue incendiada una comisaría rural en el distrito de Zepita. Y, en Espinar, en la provincia del Cusco, la compañía minera Antapaccay fue saqueada.
Al cerrar la jornada, siete ministros de Estado ofrecieron una conferencia de prensa. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sostuvo que le produce “dolor contar pacientes lesionados todos los días” e hizo un llamado a “cuidar a nuestros hijos y darle paz a nuestro país”. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó de que este viernes se detuvieron a siete manifestantes y que el número de detenciones asciende a 378 desde que se inició el conflicto. El panorama para los próximos días es, por el momento, el mismo: una multitud que no piensa claudicar en su reclamo y un Gobierno que ha optado por atrincherarse en el poder frente a las protestas.
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