El peronismo está herido. La derrota, hace dos semanas, en las elecciones primarias y la posibilidad, cierta, de perder el control del Congreso en noviembre puso al Gobierno en una carrera frenética por recuperar los votos perdidos. La lectura de la alianza gobernante, donde domina el kirchnerismo, es que la culpa de la debacle la tiene la crisis económica.
Sin tiempo para soluciones de largo plazo, la orden ha sido aumentar el gasto del Estado y llenar los bolsillos de la gente, aún a riesgo de disparar el déficit fiscal. Las necesidades electorales tensan al máximo el plan de austeridad del ministro de Economía, Martín Guzmán. Y complican, aún más, las negociaciones que Argentina mantiene con el FMI para posponer el pago de los 44.000 millones que el multilateral prestó al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
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Argentina cerró el primer cuatrimestre del año con un déficit fiscal primario, es decir previo al pago de intereses de la deuda, del 0,2% del PIB. Hay que remontarse seis años atrás para encontrar una cifra tan cercana a cero. Pero ya en junio, el kirchnerismo, el sector de la coalición de Gobierno que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había reclamado “relajar el gasto”. Según su lectura, no era momento de ajustar los números, con la economía en recesión y la población sufriendo los estragos de la pandemia.
El presupuesto 2020 permite el Gobierno un déficit de 4,2% del PIB, argumentaban, y acusaban a Guzmán de apretar las clavijas para complacer al FMI. Los sondeos ya anticipaban que el oficialismo tendría un resultado adverso en las elecciones primarias de septiembre. La derrota fue, finalmente, mucho más dura que las previsiones más pesimistas y la presión sobre Guzmán creció tanto como la crisis policía que estalló en el corazón del Ejecutivo.
El kirchnerismo acusa a Guzmán de no atender en 2021 las demandas sociales de los más pobres, que son la base de su electorado.
Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el gasto en programas sociales se redujo este año 40,8% con respecto al primer semestre del año pasado, cuando el Gobierno liberó miles de millones de pesos en ayudas a las familias y las empresas afectadas por la pandemia. Consumada la derrota en las urnas, Cristina Kirchner publicó una carta pública en la que fustigaba lo que consideró un “ajuste” innecesario.
“Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”, advirtió Fernández de Kirchner. Lo que siguió es historia conocida: el presidente Alberto Fernández cambió a seis ministros, ninguno kirchnerista, y dejó la jefatura de Gabinete en manos del gobernador Juan Manzur, el hombre propuesto por la vicepresidenta. La purga de ministros, sin embargo, no alcanzó a Guzmán.
El ministro de Economía está aún en su cargo, pese a los reclamos del kirchnerismo contra lo que consideran un ajuste. Guzmán repele el fuego amigo, incluso en público. “En la Argentina hubo una reducción del déficit, que no es lo mismo que un ajuste fiscal”, dijo el ministro el jueves pasado en una entrevista con la radio AM 750. “El gasto ha crecido muy por encima de la inflación.
A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos que en la Argentina no hay”, agregó.
Eso que “no hay” en Argentina son dólares. Sin crédito externo, el Gobierno ha cubierto el déficit de divisas imprimiendo dinero, con el riesgo de que el peso se deprecie aún más y la inflación, que hoy es del 50% anual, se salga de control. Mientras tanto, Guzmán debe cerrar un acuerdo con el FMI. El año que viene, Argentina enfrenta vencimientos por 19.000 millones de dólares, que no tiene. Tampoco tiene un plan alternativo en caso de no acordar. El presupuesto para 2022 presentado al Congreso no incluye partidas para el pago de intereses.
La tensión entre las restricciones fiscales y las necesidades electorales tienen bajo presión a Guzmán. Cristina Kirchner aclaró que el cargo del ministro no está en su lista de reclamos al presidente Fernández. Pero las decisiones económicas de las dos últimas semanas contrastan con la estrategia de austeridad fiscal que Guzmán impulsa desde que inició su gestión, hace dos años.
El Gobierno ha anunciado ahora una serie de medidas de emergencia para reactivar el consumo y llevar dinero a las familias: elevó el piso a partir del cual se debe pagar el impuesto a la renta, llevó el salario mínimo hasta los 31.000 pesos (300 dólares), prometió la vuelta de los planes de ayuda familiar vigentes durante los primeros meses de la pandemia y hasta lanzó un programa por el cual el Estado pagará la mitad del salario del personal doméstico. También mantuvo los subsidios a la electricidad y el gas equivalentes al 2% del PIB, una vieja estrategia kirchnerista para mantener las tarifas por debajo de la inflación y que Guzmán intentó sin éxito erradicar.
