Un camión sucio y ruidoso circulaba el domingo por la tarde cerca del Retiro recogiendo basura, cartones y otros trastos en algunas de las calles más ricas de la ciudad como si fueran chatarreros. Era un vehículo diésel muy contaminante, con 20 años de antigüedad, y estaba cubierto de óxido y mugre. Lucía en su parabrisas una pegatina medioambiental amarilla de la DGT con la letra B, pero era falsa. El adhesivo correspondía a la matrícula de otro vehículo más reciente (vea las fotos de este camión y la pegatina más abajo en el texto). A un ciudadano común y corriente se le caería el pelo por hacer algo así. Pero este camión tiene un dueño muy poderoso. Ostenta los colores municipales, unos cuadros verdiblancos, y unas letras en su costado que ponen Madrid. Medio Ambiente.
Según el concejal del Ayuntamiento de Madrid del área responsable de la limpieza, Borja Carabante, ya no circulan vehículos municipales de gran antigüedad por la M-30 y su interior, la Zona de Bajas Emisiones, y la flota es limpia casi al 100%. “Les estamos pidiendo a los ciudadanos que renueven sus vehículos. ¿Cómo no va a renovar el propio Ayuntamiento esos vehículos?”. Lo dijo en una entrevista con la Cadena SER la semana pasada en la que también negó un texto y unas fotos publicadas por Columna Digital en las que se veía parte de la flota de vehículos viejos. “Aparecían en una fotografía unos vehículos adscritos al área de Medio Ambiente que estaban aparcados para achatarrar”, aseguró para desmentir que siguieran siendo usados. Tras la publicación de ese artículo, los camiones fueron trasladados de la base en el sur de Madrid donde fueron tomadas las instantáneas a otras instalaciones, según los trabajadores. Pero es imposible esconder unos vehículos que pasan a diario y a plena luz por delante de los hogares de los madrileños.
Son muchos los camiones que incumplen con las reglas municipales. Las empresas que prestan el servicio de limpieza para el Ayuntamiento deberían haber comprado flotas nuevas y sostenibles en 2021, cuando ganaron los nuevos contratos de limpieza de espacios públicos, divididos en seis zonas de la ciudad. Pero 655 de los 1.235 vehículos de limpieza (el 53%) eran demasiado viejos porque habían sido matriculados antes del 1 de enero de 2021 (máxima antigüedad permitida por los contratos), según una base de datos municipal con la información disponible al finalizar el año pasado y a la que ha tenido acceso Columna Digital gracias a una petición de información de la concejal independiente Marta Higueras. El Ayuntamiento no ha multado por estos incumplimientos a ninguna contratista, entre ellas algunas de las empresas más poderosas de España como Sacyr, OHL o FCC.
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentó estos contratos en noviembre de 2021, cuando entraron en vigor, como parte del esfuerzo por acabar con la suciedad en Madrid, la principal queja de los vecinos. Era el momento de renovar los contratos de limpieza que firmó en 2013 la alcaldesa Ana Botella, que habían reducido las exigencias a las concesionarias. Las empresas tenían poco incentivo para renovar su flota: hace dos años, el 90% de sus vehículos eran contaminantes y con una antigüedad media de 20 años.
Por valor de 1.634 millones de euros en seis anualidades, los nuevos contratos de limpieza (que incluyen barrido y baldeo de calles, pero no recogida de contenedores) son los más caros del presupuesto municipal. Almeida presentó también ese día los contratos de zonas verdes, por 475 millones (que tienen también exigencias de renovación de flota que han sido incumplidas).
Para la foto, Almeida se rodeó de casi medio centenar de vehículos de nueva generación con el logo Madrid 360, la enseña medioambiental de su mandato. Pero en la presentación no estaba lo peor de la flota. Son vehículos como una baldeadora de gasoil de 1995 con matrícula de Cádiz que presta servicio en los dos distritos de Vallecas, en Moratalaz y Vicálvaro. O dos baldeadoras de gasoil de 1997 en los distritos de Centro, Tetuán o Chamberí, en la Zona de Bajas Emisiones.
En la flota que aún circula por las calles de Madrid hay de todo: 15 vehículos tienen matrículas previas al 2000, 477 entre 2000 y el 2010 y 163 entre 2010 y 2020. En conjunto suman 655 vehículos previos al 1 de enero de 2021. Solo hay 295 vehículos eléctricos, 165 de gas natural y siete híbridos. El resto, 755, son diésel o gasolina.
Las seis concesionarias han incumplido el plazo de seis meses que les dio el Ayuntamiento para que todos sus vehículos tuvieran matrícula posterior al 1 de enero de 2021. Además, los contratos establecen que los vehículos tienen que tener etiqueta Cero (eléctricos) o Eco (híbridos y gas), salvo pequeñas excepciones (por ejemplo, el 10% de camiones pesados y el 40% de barredoras y baldeadoras pueden ser diésel siempre que cumplan con la Euro 6, una norma europea exigente).
Contratos cuantiosos
Las empresas ganadoras tienen una oportunidad de lucrarse en exceso de unos contratos muy cuantiosos si se les permite prestar el servicio ahorrando costes. El lote uno (Centro, Chamberí y Tetuán) asciende a 306 millones de euros y corresponde a Cespa, que ha sido adquirida recientemente por la alemana PreZero (del grupo Schwarz, dueño de los supermercados Lidl). El lote dos (Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín) asciende a 274 millones y corresponde a una unión de Valoriza (constructora Sacyr) e Ingesan (constructora OHLA). El lote tres (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina) vale 269 millones y es de Urbaser, propiedad del fondo estadounidense Platinum Equity. El lote cuatro (Hortaleza, Barajas, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas) vale 300 millones y fue adjudicado a la unión de la española Álvaro Benítez SA (filial de la constructora FCC) y la empresa de infraestructuras Acciona. El lote cinco (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) vale 233 millones y es también de Urbaser. Y el lote seis (Usera, Villaverde y Carabanchel) vale 252 millones y es de FCC.
La más incumplidora es Álvaro Benítez/Acciona (77% de su flota es anterior a 2021) y la más cumplidora es Urbaser (27%).
Varias empresas han contestado a Columna Digital que han acordado delegar en el Ayuntamiento las respuestas a sus incumplimientos. El departamento del concejal Carabante ha excusado a estas compañías dando argumentos contradictorios. Una portavoz le dijo la semana pasada a este periódico que las empresas han tenido problemas para obtener flota nueva en el mercado de automóviles debido a la escasez de chips. Pero luego el concejal Carabante aseguró a la Cadena SER que la mayoría de las concesionarias sí había renovado el 100% de sus vehículos. La base de datos en poder de Columna Digital, obtenida por la concejal Higueras el 19 de diciembre, muestra que todas las empresas estaban lejos de cumplir por completo. Carabante también dijo que ya había 550 vehículos de gas, pero la base de datos contiene solo 165 vehículos con esa tecnología.
El Ayuntamiento les ha concedido una prórroga hasta el 31 de marzo a causa de los retrasos que dicen padecer por la situación del mercado internacional. La portavoz de Medio Ambiente asegura que durante enero las empresas han incorporado nuevos vehículos y el cumplimiento asciende ahora al 66,4%.
La portavoz añade que no aprecian falta de diligencia por parte de los contratistas: “Faltan piezas y componentes, fundamentalmente electrónicos, a causa de la pandemia de la Covid-19 y la invasión de Ucrania, hechos ambos que mantienen su influencia negativa en la fabricación de vehículos y máquinas”. Añade que parte del problema es la escasez de maquinaria pesada: “Es la que más retrasos acumula, se encargó en noviembre, y muchas unidades se encargaron antes incluso de la formalización de los contratos”.
Pocas multas
El Ayuntamiento prometió que los nuevos contratos iban a suponer un mayor control de calidad gracias a un equipo de inspectores municipales que examina a pie de calle a las concesionarias. Pero lo cierto es que, según la información entregada a la concejal Marta Higueras, las seis concesionarias solo habían recibido ocho multas hasta diciembre de 2022 por un total de 119.000 euros a causa de incumplimientos leves como no vaciar una papelera, baldear un portal de vecinos o no recoger los cartones o muebles depositados junto a los contenedores. Curiosamente, las ocho multas se concentran en abril y mayo y en la documentación entregada por el Ayuntamiento a la concejal no consta ninguna otra sanción impuesta el resto del año. La portavoz de Carabante le dice a este periódico que recientemente se han procesado 18 multas más.
Tampoco han renovado su flota las empresas que ganaron en 2021 los contratos de zonas verdes y arbolado a condición de comprar camiones nuevos, según el sindicato CSIF. Columna Digital pudo ver cómo en la base de operaciones de Valoriza en el distrito de Vicálvaro (sureste) entraban y salían camiones viejos que procedían de los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín, todos dentro de la M-30.
Los trabajadores sienten que las concesionarias ven el ahorro en vehículos como parte de una estrategia para recortar gastos y aumentar el beneficio. “Aquí no se cubren vacaciones ni bajas”, dice un empleado de Valoriza que pide mantener el anonimato para evitar castigos de la empresa.
El camión con la pegatina falsa de la DGT pertenece a Valoriza/Ingesan. Los trabajadores no saben quién la puso. Son curritos que hacen su trabajo y no se meten en líos. “¿Quién sabe? Hay trabajadores muy implicados con la causa”, dice otro empleado. “Pero lo normal es que sea obra de capataces para arriba”.
La etiqueta ilegal evita las miradas acusadoras en el distrito de Salamanca, en la Zona de Bajas Emisiones, donde solo pueden circular vehículos con etiquetas B, C, ECO y CERO. Así, se camuflan de los vecinos y quizás distraen a un Ayuntamiento que por ahora no les castiga por incumplir.
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