El representante empresarial señaló que si bien existe un mayor número de empleadores no significa que haya más empleados en estos momentos en la economía mexicana.
La prórroga para la entrada en vigor de las modificaciones en subcontratación debió extenderse para que las empresas cumplieran con la totalidad del proceso, agregó.
Ahora se corre el riesgo de que varias compañías caigan en la ilegalidad, así como sean acreedoras a multas de entre 173 mil a 4 millones de pesos y los colaboradores pierdan su fuente de ingresos, expresó el presidente de ANCER.
Ante la reforma la reforma de subcontratación generará beneficios para los empleados, quienes serán contratados directamente por un patrón para generar antigüedad y gocen de prestaciones.
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Pero, los cambios legales a la subcontratación abren la puerta de la tramitología, la cual es engorrosa para empresas que requieren servicios que un mexicano no puede dar y necesitan de compañías extranjeras, recordó José Manuel Urreta Ortega.
“Se le llama subcontratar, pero realmente es una contratación directa porque cuando la gente sube a hacer un servicio no se subordina porque no recibe órdenes de un tercero”, agregó Urreta Ortega.
Además, con las nuevas disposiciones creadas por la reforma de subcontratación se viola el derecho de libre asociación ya que quienes se inscriban al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) no podrán celebrar contratos con empresas con objeto social afín o cuya actividad preponderante sea similar.
“Para la industria de la construcción es un golpe letal para la cadena productiva porque se va a criminalizar la contratación formal que cumple con impuestos y contribuciones en dicho sector”, declaró el presidente de ANCER.
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“Por otro lado, no habrá libre asociación y no está en la voluntad de la Secretaría del Trabajo que las empresas puedan con más tiempo registrarse”, apuntó.
Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Riviera Maya, indicó que en Quintana Roo 300 mil trabajadores han emigrado del sistema del outsourcing y se han dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El presidente de CCE Riviera Maya indicó que, de no cumplirse estas disposiciones serán sancionadas las empresas de 250 a 5 mil UMAS.
“Lamentamos que no se haya ampliado la prórroga en base al impasse que por la pandemia entró el Servicio de Administración Tributaria, y por la situación económica debido al Covid-19 esperamos que no se sancione a todas las empresas que empezaron su trámite en tiempo y forma y no hayan concluido”, concluyó Amaro Bentancourt.
