Principios de 2020. Un despacho de abogados andaluz fundado en 1983 quiere crecer y ampliar su oficina de Madrid. Para darse a conocer, organiza comidas con políticos y periodistas. Un licenciado en Derecho que pudo ser vicepresidente del Gobierno acaba de dejar la política. Jugó a todo o nada y perdió una mano de 2,5 millones de votos.
El despacho se llama Martínez-Echevarría. El político, Albert Rivera, y el 1 de marzo anuncian el inicio de su relación profesional. “Esta apuesta es a largo plazo. Me he comprometido a dedicar los próximos años de mi vida a esta tarea, en cuerpo y alma. Vengo con las pilas cargadas”, aseguraba el expresidente de Ciudadanos en la rueda de prensa para comunicar su fichaje. El pasado lunes, como adelantó El Confidencial, solicitó por correo electrónico el divorcio junto a su mano derecha, José Manuel Villegas. El bufete le acusa de “discursos vacíos” y “bajo rendimiento”.
Villegas, que abandonó Ciudadanos tras la dimisión de Rivera, explica: “Contactaron con nosotros unos headhunters [cazatalentos]. Nos encargaron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva del despacho, ser el número 1 y 2 de la compañía. Nos ficharon para encabezar un proyecto en Madrid porque tenemos un nombre y una agenda. Eran líderes en Andalucía, pero en la capital tenían un despacho muy pequeño. Cuando llegamos, el bufete era prácticamente desconocido y nosotros lo pusimos en el mapa. Tenían 13 abogados en esa oficina y ahora son cerca de 50″.
“No entendemos esta guerra. Nuestra experiencia es la misma ahora que cuando nos contrataron”
Preguntado por si gestionaron directamente la incorporación de esos nuevos abogados, Villegas responde: “Fue a través de distintas vías, pero siempre utilizando nuestro nombre como gancho”. El despacho les acusa de falta de implicación y desinterés. Preguntado por sus horarios y objetivos, la mano derecha de Rivera afirma: “No fichábamos, éramos altos directivos. El despacho facturaba en Madrid 1,3 millones de euros cuando llegamos y ahora cuatro millones. Ese aumento fue gracias a que captamos abogados de otras firmas y clientes”.
Villegas asegura que nadie les dio “toque alguno de atención” por bajo rendimiento y que ellos sí se quejaron por lo que consideraban incumplimientos de su contrato. “Ese ha sido el único problema. No se llegó a ejecutar nuestro nombramiento como presidente y vicepresidente ejecutivos en el registro mercantil. Nos prometieron ser socios, con unas participaciones del 5% y el 2% en el capital de la empresa, respectivamente, y tampoco lo hicieron. Nuestro sueldo era una parte fija y otra variable sobre la facturación y eso no se materializó”. No quiere dar cifras, pero asegura que el despacho les debe “cantidades importantes de dinero”.
En cuanto a las críticas que el bufete lanza por falta de experiencia y conocimientos jurídicos, especialmente de Rivera, Villegas replica: “No entendemos esta guerra que han montado. Nuestra experiencia es la misma ahora que cuando nos contrataron”. Rivera se licenció en Derecho en 2002. Ese año empezó a trabajar como asesor jurídico en La Caixa hasta que en 2006 fue elegido diputado en el Parlament de Cataluña. Antes de entrar en política, Villegas había trabajado en su propio bufete de Barcelona, especializado en derecho fiscal. Ambos planean ahora “otro proyecto juntos en el ámbito jurídico”. “La política es una etapa cerrada para los dos”, insiste Villegas.
Tras varios días criticando a Rivera, el despacho ha enmudecido. “No tenemos intención de hacer declaraciones sobre este tema. Pensamos que el ámbito de las reclamaciones que se nos quieran realizar debe ser el judicial. Esperamos recibir la demanda con sus pretensiones”, afirma Eugenio Martínez-Echevarría, uno de los socios. Villegas confía en poder llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales: “Sería lo más inteligente por ambas partes”. Preguntado por la reclamación de su sueldo hasta 2025, cuando expiraban sus contratos, la mano derecha de Rivera afirma que “eso entra dentro de las negociaciones. Si no hay pacto, lo llevaremos ante un juez”. De momento, el despacho rechaza frontalmente sus peticiones. “No llegaremos a un acuerdo con él aunque solo tuviéramos que pagarle 1.000 euros”, aseguran.
¿Políticos? No, gracias
“La culpa”, resume un veterano abogado de uno de los grandes despachos españoles, “es de las dos partes: de la firma, porque no les incorporó por su conocimiento del derecho, sino pensando en aprovecharse de sus contactos políticos para aumentar su clientela, pero no basta con tener una agenda porque lo que buscan los clientes son soluciones a problemas cada vez más complejos. Y de Rivera, porque se ofreció a ejercer de relaciones públicas sin tener conocimientos jurídicos suficientes”, “Nosotros jamás hemos contratado políticos, y no porque los despreciemos, sino porque hay que conocer el oficio”, añade. La reclamación del exlíder de Ciudadanos de percibir su sueldo hasta 2025 no le parece “razonable”. “Lo lógico hubiese sido llegar a un acuerdo pacífico”, concluye.
Otro abogado de un importante bufete de la capital coincide: “Exponer tus vergüenzas en público es lo peor para la reputación de un despacho. Ficharon a Rivera buscando notoriedad, para salir en los medios, no porque fuera un jurista de prestigio. Cuando le contrataron ya sabían que no tenía experiencia, pensaron que por su fama podrían utilizarlo como reclamo comercial, han querido crecer demasiado deprisa y no han elegido a las personas adecuadas para hacerlo. No es un caso comparable al de Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, en Cuatrecasas porque ella es abogada del Estado y porque desde que entró en el despacho se ha alejado totalmente de la vida pública mientras que Rivera no ha dejado de hacer comentarios políticos”.
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