México 2025: la impunidad habitual.

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que resalta la urgencia de abordar este flagelo que afecta a diversas esferas de la sociedad. Este año, el Inegi ha publicado un informe titulado “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)”, que ilustra la alarmante situación actual.

Según los datos recopilados en el primer semestre de 2025, un 8.9% de los adultos que llevaron a cabo trámites en oficinas gubernamentales reportaron haber sido víctimas de actos de corrupción. Este fenómeno cobra especial gravedad en el ámbito de la seguridad pública, donde un sorprendente 45.2% de los individuos que interactuaron con la policía admitieron haber enfrentado situaciones corruptas. Estas cifras provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023.

El panorama se extiende al sector privado. En 2023, cerca de 169,769 empresas fueron afectadas por corrupción, representando el 3.5% del total de empresas en México. Lo más preocupante es que las empresas medianas son las más vulnerables, con una tasa de afectación del 8.4%. En contraste, por cada microempresa que sufre estas prácticas corruptas, hay 2.5 medianas en la misma situación.

El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2023 revela que se iniciaron 40,145 investigaciones por posibles faltas administrativas, lo que equivale a 24.8 por cada mil servidores públicos. Sin embargo, tan solo 2,341 de esos casos llevaron a sanciones, representando una baja efectividad de 14.4 sanciones por cada 10,000 funcionarios.

En el ámbito estatal, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025 señala un incremento del 8.9% en las denuncias administrativas entre 2023 y 2024. Aquí, México y Campeche destacan por ser los estados con mayor cantidad de sanciones, mientras que Baja California Sur y Colima registraron cero sanciones en 2023.

Adicionalmente, la cifra negra es desalentadora, pues la ENCIG 2023 sugiere que el 95.2% de los actos de corrupción no se denuncian; solo el 4.8% de las víctimas se dirige a una autoridad competente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE), solamente el 9.6% de los delitos cometidos en 2024 fueron denunciados.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, Transparencia Internacional otorgó a México 26 puntos sobre 100, ubicándolo en el puesto 140 de 180 países, siendo el peor resultado dentro de la OCDE y el penúltimo en el G20. A pesar de este oscuro panorama, una encuesta de El Financiero de noviembre de 2025 muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum goza de un 70% de aprobación general, aunque alrededor del 80% de los encuestados desaprueban su manejo de la corrupción.

Este análisis revela un sistema con elevada incidencia de corrupción, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, un alto coste para las empresas medianas, y una escasa efectividad en el procesamiento de casos. Además, los datos demuestran que más del 90% de las prácticas corruptas permanecen en la impunidad, deteriorando la confianza en las instituciones.

No obstante, es posible combatir la corrupción. Las soluciones requieren de un compromiso decidido por parte de quienes están al mando. Entre las medidas viables se incluyen: la prohibición del cobro de multas en efectivo, la implementación de cámaras corporales para los policías, el vínculo del presupuesto y las carreras de los órganos de control a sanciones efectivas, y la reducción de la discrecionalidad en los trámites mediante digitalización y denuncias protegidas.

Abordar la corrupción en México no es solo un deseo, sino una necesidad urgente que debe ser priorizada por las autoridades. Así, con voluntad y acción, se puede construir un país con menos corrupción y mayor integridad.

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