Cifras preocupantes abarcan el panorama del país, apuntando a una realidad sombría que incluye quiebra fiscal, estancamiento económico y violencia creciente. Los números, fríos y amenazadores, reflejan la inercia y decisiones del régimen que, de manera gradual, nos sumergen en un ciclo oscuro.
La economía presenta signos de estancamiento, con una expansión marginal del 0.7% en 2025. En el mismo año, se registraron 8,000 empleos menos en enero y el cierre de cerca de 6,000 empresas, lo que eleva a 26,000 el total de empresas desaparecidas. El padrón de empresas del IMSS ha visto 20 meses de descenso, mientras la confianza del consumidor se desploma. La inflación subyacente, alcanzando el 4.5%, se establece como un impuesto regresivo que afecta desproporcionadamente a la población.
La inversión física se ha reducido en un 23% y la del gobierno fue menor en un 10.4% al esperado, cerrando así las puertas a las oportunidades de crecimiento en un futuro. El estado de Pemex es insostenible, con un gasto público que en el último año sumó 396 mil millones de pesos en subsidios, mientras que la paraestatal solo aportó 240 mil millones al erario. Aún más alarmante es el hecho de que la producción de Pemex ha caído de 1.8 a 1.6 millones de barriles por día entre 2018 y 2025, con pérdidas superiores a 20 dólares por barril refinado.
La dependencia del gas natural importado de Estados Unidos es abrumadora: 75% para la industria y 90% para la generación eléctrica. Las pensiones, tanto contributivas como del programa “Bienestar”, están aumentando exponencialmente y, junto a otros subsidios, están a punto de desbordar las finanzas públicas hacia 2030. A pesar de los esfuerzos por un acoso fiscal a empresas y ciudadanos, la recaudación apenas muestra un aumento, que carga un costo brutal a la sociedad.
Con una deuda pública que ya ronda los 20 billones de pesos, equivalente al 60% del PIB, el gobierno vive de prestado, con un déficit público cercano al 5% del PIB. Los intereses de esta creciente deuda se prevé que alcancen 1.5 billones de pesos, complicando aún más el panorama. La administración destina recursos a subsidios improductivos y mega proyectos, mientras la informalidad ya supera el 55% de la fuerza laboral.
La industria minera, que representa más del 4% del PIB, enfrenta una presión creciente, pues el gobierno ha prohibido nuevas concesiones y busca confiscar muchas existentes. Este clima adverso, combinado con la violencia de grupos criminales, está deteniendo inversiones cruciales y llevando a las empresas a abandonar el país. La violencia ha alcanzado niveles extremos; las desapariciones han aumentado en un 213% en la última década, y los homicidios se han disparado casi un 70% en el mismo período.
México ha caído, según el último informe de Transparencia Internacional, al puesto 141 de 180 países en la percepción de corrupción, incluso por debajo de países como Pakistán y Liberia. La destrucción del Sistema Anticorrupción, junto a crecientes escándalos y la impunidad, alimenta un ambiente de desconfianza y desesperanza.
La situación exige una reflexión profunda y acciones efectivas que aborden estos problemas endémicos y permitan la reconstrucción de un país que enfrenta retos serios en su camino hacia un futuro sostenible.
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