Este 11 de febrero, el Senado de México aprobó de manera unánime un dictamen de reforma constitucional que reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales. Esta decisión representa un avance significativo en el contexto de derechos laborales y busca mejorar las condiciones de trabajo en el país. Jacqueline Álvarez, socia de People Advisory Services – Labor & Employment de EY México, afirma que México se encuentra rezagado en comparación con otros países de Latinoamérica como Chile, Ecuador y Colombia, que ya han implementado jornadas laborales inferiores a 48 horas.
La propuesta busca un cambio gradual que culminará en 2030, pero también plantea un reto considerable para las empresas, que deben comenzar a adaptarse a esta nueva realidad laboral. Según Jimena Sánchez, socia de Employment Legal Aid, el país está “poco preparado” para hacer frente a reformas tan profundas. La reforma no solo promueve derechos positivos, sino que también se enmarca en un contexto de incremento de costos y la necesidad de rediseñar estructuras operativas.
Ante estos cambios, las empresas deberán desarrollar un plan estratégico antes de la implementación definitiva de la reforma. Será crucial que realicen un diagnóstico completo de sus operaciones actuales, evaluando qué posiciones serán necesarias, cuáles pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial y cómo podrán negociar con sus sindicatos en un panorama laboral en constante evolución.
Sánchez subraya la importancia de actuar con anticipación, sugiriendo que las empresas deben tener un plan de acción desarrollado para el segundo semestre de 2026. Esto implica no esperar a una aprobación formal cuando ya se prevé que la reforma es inminente. Para gestionar adecuadamente esta transición, las compañías deberán definir las áreas donde se introducirá tecnología y las nuevas contrataciones requeridas, considerando también los tiempos de trabajo para no exceder los límites establecidos.
Mientras el país se embarca en este camino hacia una jornada laboral más corta, el compromiso de las empresas y su capacidad para adaptarse se vuelven esenciales. La lucha por mejores condiciones laborales continúa, y este paso, aunque tardío, es una señal de que el bienestar de los trabajadores comienza a tomar protagonismo en la agenda nacional.
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